Un análisis de 6,657 proyectos que se financian con fondos públicos
NOTA 01/Nacional
La competencia no existe, el 97.5 se adjudica a un oferente único
Este año, 756 proveedores concentran la obra municipal financiada con fondos asignados a los codede. Entre ellos se distribuye un presupuesto de Q12.2 millardos.
PorOjoconmipisto
19 de noviembre, 2026·Lectura de 10 min·NacionalCopiar enlace
La ejecución de los proyectos de 2026 recae en 596 personas individuales y 160 jurídicas. Crédito: Dafne Pérez/Ojoconmipisto
97.5%
De los contratos se adjudicó a oferentes únicos (solo una oferta)
Q12.2 millardos
Distribuidos entre 756 proveedores en 5,284 contratos analizados
34.61%
Ejecutado al 18 de noviembre de los Q14.3 millardos asignados
23 municipios
Registran captura municipal (50% o más de contratos en un proveedor)
Los Consejos Departamentales de Desarrollo (codede) cuentan con una asignación de Q14.3 millardos para financiar la ejecución de 9,084 proyectos. Según el Ministerio de Finanzas Públicas, al 18 de noviembre de 2026 se había ejecutado el 34.61 % de ese monto (Q4.95 millardos).
Las obras, solicitadas por los Consejos Comunitarios de Desarrollo (cocode) y priorizadas por los Consejos Municipales de Desarrollo (comude), se concentran en la construcción o mejora de caminos rurales y calles, escuelas primarias y en sistemas de agua potable o alcantarillado.
La contratación de estos proyectos, que debería responder a las necesidades identificadas por los vecinos, está a cargo de las 340 municipalidades del país.
Diez meses de proyectos
Ojoconmipisto y Sociedad.Info investigaron, con apoyo de inteligencia artificial, 6,637 proyectos que tenían al menos un concurso en Guatecompras, sin importar su estado (vigente, en evaluación, adjudicado, no adjudicado, desierto, prescindido o suspendido). Estos representan el 99.7 % de los 6,657 proyectos con monto acreditado al 1 de noviembre de 2026 en el programa de los Consejos Departamentales de Desarrollo (codede). Los 20 restantes ya fueron aprobados, pero no tienen concurso en Guatecompras.
Sociedad.Info es una plataforma de Abrimos.info que reúne datos oficiales de contratación pública de 54 países. En el caso de Guatemala, obtiene la información de los datos abiertos de Guatecompras y la actualiza a diario.
Se analizaron 7,186 concursos distintos y 5,284 contratos que, en conjunto, suman Q12 mil 197 millones 127 mil 588 (Q12.1 millardos). Para ello se consultaron portales abiertos como el tablero de desembolsos de los codede del Ministerio de Finanzas, el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) de la Secretaría General de Planificación y Guatecompras.
Aunque el proyecto se denomina codede 2026, la información disponible corresponde a varios años: 3,502 proyectos fueron publicados este año, 3,137 en 2025, 305 en 2024, 75 en 2023 y 167 antes. Esto refleja la naturaleza plurianual de la obra pública departamental: los proyectos que los codede financian en 2026 pueden haberse licitado uno o dos años antes.
Estos son los resultados.
El sitio del SNIP registra los avances físicos de una obra. El tablero de desembolsos de los codede del Ministerio de Finanzas, los desembolsos. Foto: Dafne Pérez/Ojoconmipisto
Los proveedores municipales
El pastel es grande, pero los comensales son pocos. Los Q12.1 millardos se distribuyen entre 756 proveedores y la competencia es escasa. El 97.5 % de los contratos se firmó con oferentes únicos. Algunos contratos, además, tienen el monto justo para evitar una licitación.
Un ejemplo ocurrió en San Andrés Villa Seca, Retalhuleu, donde un camino rural se construyó en tramos de 306 metros. Cada uno costó exactamente Q900 mil. Un centavo más habría obligado a la municipalidad a licitar la obra, un proceso que puede resultar engorroso.
Como este hay otros 10 proyectos en el mismo municipio que se adjudicaron exactamente por el mismo monto. Seis son líneas del Parcelamiento Centro II La Máquina (C-4, C-12, C-14 y C-18) y cuatro son otros caminos (Pajales, Los Chunes, entrada al cantón San José). Solo uno tiene contrato publicado en Guatecompras (NOG 26491087).
Por cada contrato entre Q900,000.01 y Q950,000 hay 31 entre Q850,000 y Q899,999.99. Ninguna de las 1,968 cotizaciones supera Q900 mil, 520 van entre Q899,999.99, el 26.4 % del total.
Entre las 1,968 cotizaciones, los montos más repetidos son Q900,000 (36), Q800,000 (33), Q850,000 (28), Q899,500 (23), Q899,800 (21) y Q899,900 (20).
También figura el caso de Peter Domingo Samayoa Ruano, quien obtuvo 27 contratos por Q60 millones que se firmaron en 2024 (1), 2025 (19) y 2026 (7), pero perdió los cuatro concursos con competencia del programa en los que participó.
Samayoa Ruano trabaja con la constructora Multiservicios del Nororiente, pero participa como comerciante individual, uno de los tres tipos de organizaciones que proveen a las municipalidades. De los 756 proveedores, 596 son personas individuales y representan el 78.8 %; 146 son sociedades anónimas (19.31 %), doce son copropiedades (1.6 %) y dos proveedores sin tipo de registro.
El Ministerio de Economía también clasifica a los proveedores según su capacidad económica y operativa de sus negocios. El grupo más grande en número es el de la pequeña empresa (361), cuyos contratos suman Q2.4 millardos. Las medianas empresas (295) contratan el monto más alto, con Q7 millardos. Sesenta grandes empresas, Q2.7 millardos y 39 microempresas, Q135 millones.
Los proyectos deben cumplir con una serie de requisitos (estudios técnicos, avales, certificados, resoluciones ambientales y dictámenes, entre otros) para ser aprobados. Hasta entonces, la municipalidad podrá convocar un concurso. Foto: Dafne Pérez/Ojoconmipisto
Constructoras móviles
La investigación identifica a 37 personas individuales y cinco sociedades anónimas como proveedores itinerantes porque tienen contratos en cinco departamentos o más. En conjunto, obtuvieron 895 contratos que suman Q2,354,130,655 y que en su mayoría recibieron como oferentes únicos. ¿Cómo pueden ejecutar obras de manera simultánea en distintos departamentos y municipios? Los registros no permiten responder esa pregunta y los propios contratistas tampoco responden.
Eddie Erly Danniery Portillo Lima es uno de los principales proveedores. A sus 30 años y con seis años de experiencia como constructor de obras con fondos públicos, encabeza el listado. Su constructora Multiservicios PL dejó a medias dos proyectos por los que cobró el 90 % de los fondos, pero eso no impidió que las municipalidades le adjudicaran otros contratos.
Portillo tiene actualmente 20 contratos en ejecución que suman Q90.9 millones, según los registros de Guatecompras al 18 de noviembre. Trabaja municipios de ocho departamentos: Alta Verapaz (Chisec, Tactic y Raxruhá), Baja Verapaz (Cubulco), Chimaltenango (Comalapa), El Progreso (El Jícaro), Guatemala (Santa Catarina Pinula), Quetzaltenango (Salcajá), Quiché (Ixcán) y Sololá (Nahualá).
El Top-10 de los proveedores itinerantes según el monto
Nombre
Departamentos
Municipios
Contratos
Monto
PORTILLO LIMA, EDDIE ERLY DANNIERY
10
21
46
Q182,823,310.74
INVERSIONES LOGISTICAS PARA AGUAS SOCIEDAD ANONIMA
7
20
42
Q122,507,546.45
BERREONDO MOLINA, JORGE ORLANDO
9
21
37
Q120,118,399.85
MOLINA RODRIGUEZ, QUITZE FERNANDA
11
25
41
Q119,458,898.17
ARCHILA OCHOA, MARIO DAVID
10
19
47
Q112,627,655.57
ALDANA PAIZ, JOSÉ GUILLERMO
5
10
25
Q104,144,301.23
RAMIREZ MANSILLA, JOSE ALEJANDRO
6
15
26
Q89,893,855.40
PÉREZ SINAY, EDDY FERNANDO
9
16
32
Q87,588,540.70
CORDERO PESQUERA, EDWIN ALEXIS
6
10
23
Q76,700,674.93
PCS CONSTRUCTORES, SOCIEDAD ANONIMA
6
8
20
Q75,456,520.70
TOTAL
—
—
339
Q1,091,319,703.74
Si el listado anterior lo encabeza el proveedor itinerante con mayor monto adjudicado, el que tiene más contratos es Mario David Archila Ochoa con 47, según la tabla. En seis años, desde que comenzó en 2020, ha ganado 227 contratos por Q616 millones. Al igual que Portillo tiene 20 contratos vigentes por Q220.6 millones en ocho departamentos: Alta Verapaz (Tucurú, Chisec, Tactic, Lanquín, Senahú, Raxruhá), Baja Verapaz (San Miguel Chicaj), Chimaltenango (Comalapa), Chiquimula (Camotán), Guatemala (San Pedro Sacatepéquez) Quetzaltenango (Salcajá), Sacatepéquez (Antigua Guatemala), Sololá (Nahualá) y el Ministerio de Cultura y Deportes.
El Top-10 de proveedores itinerantes según el número de contratos adjudicados
Nombre
Departamentos
Municipios
Contratos
Monto
ARCHILA OCHOA, MARIO DAVID
10
19
47
Q112,627,655.57
PORTILLO LIMA, EDDIE ERLY DANNIERY
10
21
46
Q182,823,310.74
INVERSIONES LOGISTICAS PARA AGUAS SOCIEDAD ANONIMA
7
20
42
Q122,507,546.45
MOLINA RODRIGUEZ, QUITZE FERNANDA
11
25
41
Q119,458,898.17
BERREONDO MOLINA, JORGE ORLANDO
9
21
37
Q120,118,399.85
ANDRINO LÓPEZ, FRANCISCO RAÚL
5
14
33
Q73,274,111.10
PÉREZ SINAY, EDDY FERNANDO
9
16
32
Q87,588,540.70
BALCARCEL ORELLANA, NEFTALI
9
13
28
Q57,982,256.47
RAMOS SANDOVAL, SERGIO MAURICIO
5
11
28
Q74,235,537.03
ORELLANA ALDANA, BYRON OTONIEL
8
11
27
Q70,580,237.50
TOTAL
—
—
361
Q1,021,196,493.58
Todos los proyectos de construcción mayores de Q900,000 deben colocar cámaras que deben transmitir durante la jornada. No tenerlas es motivo de sanciones. Foto: Dafne Pérez, Ojoconmipisto
Ahora hablemos de concursos y contratos
La investigación identificó 7,186 concursos con estos resultados: adjudicados 6,621 (92.1 %), vigentes 229 (3.2 %), en evaluación 136 (1.9 %), prescindidos 105 (1.5 %), desiertos 55 (0.8 %), no adjudicados 39 (0.5 %) y suspendido 1 (0.01 %).
Los concursos no adjudicados son aquellos en los que la junta calificadora considera que ninguna de las ofertas presentadas cumple los requisitos, las condiciones o los criterios establecidos. Entre estos se incluyen los casos en que el precio es 10 % más alto o 15 % más bajo de lo previsto.
Un ejemplo ocurrió en La Democracia, Escuintla, donde un comerciante particular (Carlos René Ayala Morales) y la empresa PCS Constructores, S.A. compitieron por la reparación de calles del casco urbano. La propuesta del primero era por Q5 millones 60 mil y la otra por Q4.9 millones. La junta calificadora confirmó que Ayala Morales era el representante legal de PCS Constructores. Quedaron fuera del concurso “por indicios de pacto colusorio”. El caso ocurrió en junio de 2025.
Esto no impidió que Ayala Morales, como persona individual, ganara dos contratos en Santa Catalina La Tinta, en Alta Verapaz, por Q3.8 millones, ni que PCS Constructores –que figura en el top-10 de proveedores municipales por el monto de sus contratos– obtuviera 20, ocho de ellos con la municipalidad de La Democracia.
Estado del concurso
Estado del concurso
Cantidad
Porcentaje
Adjudicados
6,621
92.1%
Desiertos
55
0.8%
No adjudicados
39
0.5%
Prescindidos
105
1.5%
Suspendidos
1
0.01%
En evaluación
136
1.9%
Vigentes
229
3.2%
Total
7,186
100%
En cuanto a los contratos, se registraron 5,284 y 5,151 con un solo oferente (97.5 %). Las juntas calificadoras declararon desiertos 55 concursos, lo que permite que la municipalidad decida a quién entregar el contrato, como ocurrió en Cobán.
Contratos por modalidad
Modalidad
Contratos
Monto
Oferente único
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
3,292
Q10,840,344,822.19
3,185
Cotización (Art. 38 LCE)
1,968
Q1,313,496,271.69
1,942
Adquisición Directa por Ausencia de Oferta
24
Q43,286,493.84
24
Total
5,284
Q12,197,127,587.72
5,151
De acuerdo con la Comisión Nacional contra la Corrupción, que consultó el tablero de desembolsos de los codede el 12 de noviembre, el 53 % de los 6,657 proyectos se destinan a transporte (construcción y mejoramiento de caminos rurales y calles), el 21.4 % a agua y saneamiento (sistemas de agua potable, alcantarillado y pozos) y el 20.5 % a educación como la construcción o el remozamiento de 1,032 escuelas primarias, 77 preprimarias y 29 institutos diversificados.
Entre los proyectos figuran también 146 puestos de salud, 112 plantas de tratamiento, 67 puentes vehiculares, 48 centros de salud, 10 centros de acopio, nueve hospitales, seis centros de atención permanente, seis bibliotecas, cuatro muelles y tres centros de apoyo integral para mujeres sobrevivientes de violencia. Estos son algunos de los 35 tipos de obras identificados.
Contratos por sector, corte final al 12 de noviembre
Sector
Proyectos
Con concurso
Contratos
Monto contratado (Q)
Una sola oferta (%)
Transporte
3,517
3,505
2,807
Q6,418,628,997
97.8%
Agua y saneamiento
1,426
1,419
1,125
Q2,998,949,784
96.2%
Educación
1,362
1,362
1,090
Q1,998,289,523
98.1%
Salud y asistencia social
268
268
202
Q569,210,584
97.0%
Otros 8 sectores
84
83
60
Q212,048,700
96.7%
Total
6,657
6,637
5,284
Q12,197,127,588
—
En cuanto a los desembolsos, el 35 % de los proyectos (2,317) tiene acreditado exactamente el 20 % de su monto vigente.
Del total, 6,657 proyectos, la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC) registra que en 1,257 (18.9 %) el avance financiero supera al físico, mientras que en 2,702 (40.6 %) ocurre lo contrario: la obra avanza más que los desembolsos. Además, 2,221 proyectos (33.4 %) con monto acreditado reportan un avance físico de 0 % en 2026.
La captura municipal
La investigación también identificó casos de “captura municipal”, definida como la concentración de la mitad o más de los contratos de una municipalidad en manos de un proveedor.
La muestra incluyó 253 municipalidades que registran ocho o más contratos. La investigación identificó 23 municipios donde esto ocurre. En 15, como en La Blanca, San Marcos, el proveedor Santos Efraín Orozco y Orozco supera el 50 % de los contratos. En otros ocho, como en San José La Arada, Chiquimula, Eduardo Alfredo Guerra Soto concentra el 50 %.
En 14 municipios, el proveedor dominante también tiene la mitad o más del monto contratado. Es el caso de La Democracia, Huehuetenango, donde Mario René López Vásquez tiene el 81.5 % del dinero con cuatro de ocho contratos. En San Diego, Zacapa, en cambio, la Constructora Total, S.A. tiene cinco de los diez contratos, pero solo el 10.8 % del monto.
Municipios con proveedores dominantes
Municipio
Departamento
Contratos municipales
Proveedor dominante
Contratos del oferente
% de contratos
% del monto contratado
LA BLANCA
SAN MARCOS
12
OROZCO Y OROZCO, SANTOS EFRAÍN
9
75.0%
57.1%
ZUNIL
QUETZALTENANGO
11
CÓRDOVA RAMOS, EXAL MIGUEL
8
72.7%
51.7%
CANILLÁ
QUICHÉ
8
GIRÓN NATARENO, RODOLFO FERNANDO
5
62.5%
81.2%
PACHALUM
QUICHÉ
8
MORÁN BLANCO, CARLOS AUGUSTO
5
62.5%
52.6%
OCÓS
SAN MARCOS
8
VILLATORO, LUIS EFRAIN
5
62.5%
38.1%
HUITÉ
ZACAPA
13
SOTO PÉREZ, RODRIGO ANDRÉS
8
61.5%
67.7%
SANTA CATARINA IXTAHUACÁN
SOLOLÁ
31
TISTOJ MENCHÚ, CÉSAR AMILCAR
19
61.3%
49.9%
GUALÁN
ZACAPA
17
ORBIVAL DE AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
10
58.8%
54.6%
SIBILIA
QUETZALTENANGO
21
INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA
12
57.1%
44.0%
CUNÉN
QUICHÉ
23
HERNÁNDEZ FUENTES, GERMAN GUSTAVO
13
56.5%
72.2%
SAN PEDRO JOCOPILAS
QUICHÉ
18
GIRÓN NATARENO, RODOLFO FERNANDO
10
55.6%
70.1%
LIVINGSTON
IZABAL
24
SOSA ORELLANA, EDWAR DANILO
13
54.2%
50.6%
LA DEMOCRACIA
ESCUINTLA
15
PCS CONSTRUCTORES, SOCIEDAD ANONIMA
8
53.3%
61.3%
EL TUMBADOR
SAN MARCOS
15
MÉRIDA DE LEÓN, GRYSON ISAAC
8
53.3%
69.0%
CASILLAS
SANTA ROSA
17
BACA CHIROY, JORGE DANIEL
9
52.9%
58.0%
SAN JOSÉ LA ARADA
CHIQUIMULA
16
GUERRA SOTO, EDUARDO ALFREDO
8
50.0%
41.2%
YUPILTEPEQUE
JUTIAPA
16
SALGUERO GONZÁLEZ, RAMIRO ANTONIO
8
50.0%
28.5%
NENTÓN
HUEHUETENANGO
14
CRUZ LÓPEZ, CAÍN ALIEL
7
50.0%
52.3%
CONCEPCIÓN
SOLOLÁ
12
GIRÓN, MARCO VINICIO
6
50.0%
25.0%
SAN DIEGO
ZACAPA
10
CONSTRUCTORA TOTAL, SOCIEDAD ANONIMA
5
50.0%
10.8%
LA DEMOCRACIA
HUEHUETENANGO
8
LÓPEZ VÁSQUEZ, MARIO RENÉ
4
50.0%
81.5%
SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
HUEHUETENANGO
8
POCÓN DÍAZ, MARIA GABRIELA
4
50.0%
26.4%
SAN SEBASTIÁN
RETALHULEU
8
POCÓN DÍAZ, MARIA GABRIELA
4
50.0%
34.8%
La investigación muestra que la obra financiada con fondos de los codede se concentra en pocos proveedores y que la mayoría de los concursos se adjudica sin competencia. A esto se suman contratistas que ejecutan proyectos en varios departamentos, obras divididas en montos cercanos a los límites de cotización y municipalidades donde un solo proveedor concentra buena parte de los contratos.
NOTA 02/Nacional · Datos y Mapas
Ejecución Presupuestaria de Municipalidades 2026
Mapa interactivo de la asignación, ejecución presupuestaria y avance físico de los proyectos financiados con fondos de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) en las 340 municipalidades del país.
PorDennys Mejía
19 de noviembre, 2026·Visualización interactiva·Datos y MapasCopiar enlace
Este mapa interactivo permite explorar la distribución geográfica y el ritmo de ejecución presupuestaria de los proyectos aprobados a través de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) para el ejercicio fiscal 2026 en las distintas municipalidades de Guatemala.
Mapa de Ejecución Presupuestaria en Municipalidades
Navegue por el mapa para consultar los montos adjudicados por comuna, el estado de los proyectos y las principales áreas de inversión pública en cada departamento.
NOTA 03/Nueva Santa Rosa, Santa Rosa
Obra de Q58 millones: mismo oferente, dos veces
El Centro de Atención Integral Materno Infantil de Nueva Santa Rosa se licitó dos veces. En ambas ocasiones se presentó una sola empresa con una oferta que quedó a Q730 del techo autorizado. Esto no es una excepción.
PorRodrigo Estrada
19 de noviembre, 2026·Lectura de 7 min·Nueva Santa Rosa, Santa RosaCopiar enlace
En julio de 2023 comenzó el proceso para construir esta obra en Guatecompras (NOG 20463685). El alcalde del municipio es José Enrique Arredondo Amaya, quien está al frente de la comuna desde 2012. Este es su cuarto periodo. Foto: Alex Cruz
97%
De los contratos que se financian con fondos del codede reciben una sola oferta
89.7%
De los concursos analizados fueron licitaciones públicas
Q543M
Se concentran en cinco proveedores que obtuvieron contratos adjudicados a un único oferente
100%
Oferente único en obras de Santa Rosa, Baja Verapaz, Totonicapán y El Progreso
El Centro de Atención Integral Materno Infantil (CAIMI) de Nueva Santa Rosa, Santa Rosa, debe atender los partos y las emergencias de las madres del municipio. Se contrató en dos fases y se construye desde 2023, con el mismo alcalde al frente: José Enrique Arredondo.
Según el Sistema de Información Gerencial de Salud del Ministerio de Salud, Nueva Santa Rosa registró 45 partos y 35 emergencias obstétricas de mujeres en 2024, mientras que en 2025 hubo 30 partos y 16 emergencias. En esos dos años, el CAIMI recibió Q22.8 millones de fondos públicos para comenzar su construcción.
La primera adjudicación del proyecto (NOG 20463685) fue en septiembre de 2023 por Q24.9 millones. Contemplaba la preparación del terreno, la cimentación y la construcción del primer nivel. Según el aval del Ministerio de Salud, esa propiedad estaba en proceso de ser donada al Estado.
La segunda fase (NOG 26363917) fue por Q32.9 millones, en julio de 2025. Esta cubría la construcción del segundo nivel, los acabados, los sistemas de comunicación y la urbanización.
Ambas fueron licitaciones públicas, la modalidad que la Ley de Contrataciones del Estado reserva para las obras que superan los Q900 mil. Esta modalidad exige, entre otros requisitos, la publicación en el diario oficial, el cumplimiento de plazos extensos y abrir el proceso a cualquier constructora interesada del país, con el fin de promover la competencia y asegurar la mejor oferta.
Sin embargo, en ninguno de los dos concursos hubo competencia: solo recibieron la propuesta de Constructora Solar, propiedad de Kelian Guillermo Solares Orellana, con sede en Guastatoya, El Progreso. En ambas ocasiones se le adjudicó, con una oferta total Q730 inferior al techo autorizado.
Oferente único
El CAIMI no es una excepción. De los 3 mil 455 contratos adjudicados con fondos de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) que registra Guatecompras al 18 de agosto de 2026, cinco proveedores concentran Q543 millones en contratos adjudicados a un único oferente.
Su peso no está en el total nacional, en el que suman el 7 por ciento, sino en los municipios en los que trabajan.
Cinco proveedores que concentran contratos a oferente único
No.
Proveedor
Contratos
Monto
Municipios
1
Eddie Erly Danniery Portillo Lima
34
Q120.5 millones
16
2
Kelian Guillermo Solares OrellanaConstructora Solar · Adjudicada en CAIMI
22
Q117.4 millones
10
3
Inversiones Logísticas para Aguas, S.A.
34
Q110.6 millones
18
4
Caín Aliel Cruz López
26
Q109.7 millones
11
5
Mario David Archila Ochoa
33
Q84.9 millones
15
Constructora Solar obtuvo el 36 por ciento de lo adjudicado en los diez municipios donde tiene contratos. Caín Aliel Cruz López trabaja solo en Huehuetenango y es el proveedor que más fondos recibe en ese departamento.
El patrón se repite en todo el país: en 172 municipios hay al menos una empresa que ganó tres o más contratos sin competencia. Esos casos suman 1 mil 321 contratos.
El primer proveedor de la lista (Eddie Erly Danniery Portillo Lima) y el quinto (Mario David Archila Ochoa) tienen la misma dirección comercial: Aldea El Barreal, Guastatoya, El Progreso, ninguno proporciona el número de la casa u otra referencia adicional para diferenciarlos.
Además, Portillo Lima y Archila Ochoa coinciden en nueve municipios de cuatro departamentos. En los contratos analizados, solo una vez se presentaron al mismo concurso: la construcción del centro comunitario de salud del caserío El Platero, en Tactic, Alta Verapaz (NOG 29294800). Lo ganó Archila con la oferta más alta, Q1.5 millones.
En Comalapa, Chimaltenango, se repartieron 10 de los 14 contratos, el 87 por ciento del dinero. En Raxruhá, Alta Verapaz, la municipalidad publicó tres concursos en tres minutos, la madrugada del 2 de junio de 2026. Archila ganó dos y Portillo uno, y los tres se adjudicaron el 24 de julio con siete minutos de diferencia.
Las convocatorias muestran algunas limitaciones para competir. Por ejemplo, para mejorar la calle El Calvario, en San Cristóbal Verapaz, una obra de Q10 millones, las bases requerían acreditar capacidad económica por Q50 millones, cinco veces el valor del contrato. La visita de campo se fijó menos de 17 horas después de publicar el concurso. Solo se presentó Portillo Lima y ofertó exactamente el presupuesto oficial.
Un gobernador departamental, que pidió omitir su nombre para evitar conflictos con otros funcionarios, explicó a Ojoconmipisto la razón por la cual no hay competencia en la mayoría de concursos: los alcaldes ya tienen “apalabrados” a los constructores. “Nadie va a invertir tiempo y recursos en preparar una oferta si ya se sabe a quién se la adjudicarán”.
El gobernador señaló que su trabajo consiste en exigir que la obra exista, que los materiales sean los ofertados y que cumpla con el convenio firmado con la municipalidad. Más allá de eso, dice, “corresponde a la Contraloría y al Ministerio Público determinar la comisión de algún delito”.
“
“Nadie va a invertir tiempo y recursos en preparar una oferta si ya se sabe a quién se la adjudicará el alcalde”
Gobernador DepartamentalTestimonio brindado bajo condición de anonimato para evitar conflictos institucionales.
Sin competencia, el precio lo fija el techo
Cuando hay varias ofertas, la competencia empuja el precio hacia abajo. Cuando hay una, el precio lo marca el máximo autorizado.
El 8 de mayo de 2025, el gobernador de Santa Rosa y presidente del Consejo Departamental, Allan Javier Melgar Solares, y el alcalde Arredondo firmaron el convenio 26-2025 para construir el CAIMI. El documento fija, renglón por renglón, las cantidades de trabajo, los precios unitarios de los tres años y un techo anual de Q11 millones, por un total de Q33 millones.
El rótulo afuera del CAIMI muestra el valor por el cual fue adjudicado el proyecto, Q32.9 millones. El QR direcciona al usuario a las obras del municipio que figuran en el portal de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. Foto: Alex Cruz
La oferta de Constructora Solar llegó seis semanas después. Las cantidades de trabajo las fijaban las bases. Lo que la empresa debía proponer eran los precios, y no se alejó de los montos del convenio: ajustó unos hacia abajo y otros hacia arriba.
La monocapa pasó de Q165 a Q163.70 el metro cuadrado, y la losa, de Q1 mil 530 a Q1 mil 553.70. El resultado cayó justo por debajo del techo en cada uno de los tres años: Q10 millones 999 mil 780, Q10 millones 999 mil 800 y Q10 millones 999 mil 690. En total, Q32 millones 999 mil 270, Q730 menos que lo autorizado en el convenio.
Sin otro oferente contra quien compararla, se adjudicó a esa cifra.
Otros ojos para ver los costos
Un segundo oferente es un segundo par de ojos sobre el presupuesto. En el CAIMI, varias cosas sucedieron sin que nadie las cuestionara. El primer contrato cobró Q641 mil 135 por el trazo y la nivelación del terreno completo, 6 mil 106 metros cuadrados.
El segundo convenio vuelve a presupuestar el “trazo y replanteo” de esa misma superficie, por Q305 mil 300, como parte de la urbanización: calle y parqueo de concreto, bordillos, jardineras, portón, muro perimetral, pozo y tanque elevado.
Marcar de nuevo el área por urbanizar tiene sentido. Pero el concreto cubría ya 2 mil 659 metros cuadrados, y el renglón vuelve a cobrar el terreno completo, incluida el área donde ya estaba el edificio.
Se repite también, con las mismas cantidades del primer convenio, nueve cajas de válvulas, 14 reposaderas, tres lavatrapeadores y 71.40 metros cuadrados de pintura en el cielo de la losa: Q92 mil 286. El primer nivel tiene 14 duchas y 22 baños, en tanto que el segundo cuenta con siete y 13 respectivamente, y las mismas 14 reposaderas.
El primer nivel, con 1 mil 295 metros cuadrados de muro de block, llevó 1 mil 650 metros cuadrados de monocapa interior y 2 mil 338 de pintura. Para el segundo, con 680 metros cuadrados de muro nuevo, el convenio presupuesta 11 mil 165 de cada uno: casi siete veces la monocapa y casi cinco veces la pintura del primer nivel, con la mitad de muro. Entre los dos renglones suman más de Q3 millones.
Además, presupuesta Q4.6 millones en seis sistemas cotizados como una sola unidad, sin precio por componente. Son el voceo, los altavoces para llamar al personal (Q644 mil 562); la llamada de enfermera, los timbres con los que las pacientes piden ayuda desde la cama o el baño (Q696 mil 282 en los dos niveles); la planta telefónica (Q436 mil 834); la red de datos (Q547 mil 966); el circuito cerrado de cámaras (Q685 mil 120), y la alarma contra incendio, que por sí sola vale Q1 millón 572 mil 88.
En junio, el supervisor del codede pidió los certificados de calidad y los informes de garantía de esas instalaciones especiales. Ningún informe posterior registra su entrega. Aun así, el de septiembre da por ejecutado el 90 por ciento del voceo y de la red de datos, el 85 por ciento del circuito cerrado y el 70 por ciento de la alarma contra incendios.
Una obra recibida y vuelta a contratar
El 6 de agosto de 2024, el alcalde Arredondo solicitó al Ministerio de Salud una prórroga del convenio de cooperación del CAIMI. En el oficio 062-2024 explicó que, por ser un proyecto tripartito y de gran escala, la municipalidad requería tres años más para culminarlo al cien por ciento, en 2027.
Cuatro meses después, el 18 de diciembre de 2024, el codede y la municipalidad firmaron el acta 036-2024, que dio por “finalizado al 100 %” el proyecto, “según planos, especificaciones técnicas, cronograma de trabajo y renglones de trabajo” y lo entrega a la alcaldía para su mantenimiento.
En mayo de 2025, se firmó el convenio por Q33 millones para seguir con la construcción del mismo proyecto que se licitó de nuevo. El contrato con Constructora Solar, de un año y cinco meses desde el acta de inicio del 25 de julio de 2025, vence a finales de 2026. El dinero, en cambio, está repartido en tres años, hasta 2027.
En marzo de 2026, la municipalidad pidió al codede fondos extraordinarios “con el propósito de acelerar su ejecución y concluirlo en 2026, un año antes de lo previsto en su programación original”. En el mismo oficio solicitó “algunos cambios en el proyecto”, que no detalla.
El primer nivel del CAIMI fue terminado en diciembre de 2024, sin embargo, no ha sido utilizado. En 2025, la misma empresa fue adjudicada sin más competencia para continuar la construcción de una segunda fase que tendría que ser entregada a finales de este año. Foto: Alex Cruz
La obra no subió de precio: el tramo de 2027 desapareció y su dinero se adelantó. Lo que cambió fue la fuente de financiamiento. Este año el CAIMI tiene asignados Q21.9 millones, el doble de lo pactado por año –Q11 millones–, provenientes de la fuente 41, colocaciones internas: deuda pública.
Solo un interesado
Cuando se presenta un solo oferente, la ley permite adjudicarle, pero no obliga a hacerlo. El artículo 31 de la Ley de Contrataciones del Estado faculta a la junta de licitación para abstenerse si la oferta no es conveniente para los intereses del Estado.
En abril de 2023, el Departamento de Proyectos del Ministerio de Salud emitió un dictamen técnico favorable a la planificación del CAIMI. Concluyó que era lo suficientemente clara y amplia como para que cualquier oferente pudiera presentar su oferta. Se presentó uno.
La pregunta central de este reportaje es quién hizo esa valoración en dos licitaciones que suman Q58 millones, con una oferta que quedó a Q730 del techo, y con qué argumentos.
Ojoconmipisto solicitó a la municipalidad de Nueva Santa Rosa las actas de la junta de licitación de ambos concursos y los puntos de acta del concejo municipal que aprobaron las adjudicaciones.
La alcaldía pidió una prórroga de diez días por “la extensa cantidad de información”. Al vencer el plazo, el 16 de octubre, respondió con el oficio 0194-2026 que la solicitud era “confusa e indeterminada” y envió cuatro enlaces a portales públicos. Ninguno contiene las actas.
El oficio lo firma la directora municipal de Planificación, Katherine Maribel Oajaca Alvarado, la misma funcionaria que firmó el acta de recepción al 100 por ciento. Tampoco respondió la oficina de Comunicación Social, y en el edificio municipal informaron que el alcalde no estaba.
En el terreno, Ojoconmipisto buscó a un representante de Constructora Solar. Un hombre salió al portón y empezó a hablar sobre la obra, explicó cuánto había avanzado, en qué fase se encontraba en ese momento y qué hacía falta. Sin embargo, momentos más tarde llegó otra persona que rehusó identificarse. Dijo que no había permiso para entrar ni para grabar y cerró la puerta. La empresa no respondió a la solicitud de entrevista.
El portón de lámina instalado por la empresa en el CAIMI de Nueva Santa Rosa permaneció abierto hasta que la persona en la fotografía, molesto, decidió que no se podía tomar fotografías ni hacer preguntas a pesar de ser una obra que se financia con recursos públicos. Foto: Alex Cruz
El 25 de septiembre, Víctor Hugo Godoy, el director del Sistema de Consejos de Desarrollo de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, respondió a Ojoconmipisto que el tema no era de su competencia y recomendó descargar los convenios y los informes de supervisión del portal del SNIP. Cuatro días después, la Unidad de Información Pública de la misma secretaría declaró, en la resolución UIP-59-2026, la inexistencia de esos documentos.
Vecinos del municipio facilitaron la dirección de dos de los integrantes del Consejo Comunitario de Desarrollo, Luis Molina y David Solares. El convenio exige la opinión favorable tanto para suscribir el documento como para entregar el último desembolso. Los representantes comunitarios consultados declinaron hablar.
José Enrique Arredondo Amaya gobierna Nueva Santa Rosa desde 2012. Va por su cuarto mandato y ha llegado con organizaciones distintas: el comité cívico El Sombrero en su primera elección, Líder en 2015, UNE en 2019 y Cabal en 2023. Él firmó los dos convenios del CAIMI.
Constructora Solar, con sede en Guastatoya, El Progreso, tiene a la fecha 13 contratos vigentes con el Estado, incluido el del CAIMI.
NOTA 04/Cobán, Alta Verapaz
Los concursos desiertos abren la puerta a las dedicatorias
Peter Samayoa es el ejemplo de una obra que se adjudica a dedo: no debió competir ni esperar semanas para confirmar que ganaría el proyecto. La municipalidad lo escogió para construir un instituto.
PorSofía Menchú
19 de noviembre, 2026·Lectura de 6 min·Cobán, Alta VerapazCopiar enlace
Vista general de la estructura construida para el instituto básico de la aldea El Sonte, Cobán, Alta Verapaz. Durante la visita, los supervisores de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de Presidencia (SCEP) no observaron personal que trabajara en el área del proyecto. Foto: SCEP
35
De los 3,668 concursos fueron declarados desiertos
0.95%
De la muestra analizada
74.2%
De los concursos desiertos corresponden a licitaciones
Peter Domingo Samayoa Ruano es un hombre con suerte y con conexiones. En 2025, la municipalidad de Cobán lo buscó para otorgarle un contrato de Q7.5 millones sin necesidad de competir. Le adjudicó la construcción del instituto básico de la aldea Sonte, sin tener clara su capacidad para cumplir con un contrato de un año.
El concurso original NOG 25807986 fue declarado desierto por falta de ofertas. Esto abrió la puerta para que el concejo aprobara la propuesta del encargado de compras de la municipalidad e invitara a Samayoa a participar.
El instituto lo solicitó el Consejo Comunitario de Desarrollo (cocode) de la aldea Sonte al entonces alcalde Leonel Chacón Barrios y al Consejo Municipal de Desarrollo (Comude) en diciembre de 2022. La solicitud respondía a motivos económicos. “Cada año los jóvenes tienen que irse a estudiar al centro de la ciudad (Cobán) y muchas veces eso representa grandes gastos para los padres de familia de la comunidad”.
Tres años después, se estableció que la obra –un edificio de dos niveles, cancha polideportiva y una clínica de atención psicológica, entre otros ambientes– se financiaría con fondos asignados al Consejo Departamental de Desarrollo de Alta Verapaz (Codede).
El 3 de julio de 2025, Peter Domingo Samayoa Ruano, como propietario de Multiservicios del Nororiente, suscribió el contrato con la alcaldía por Q7.5 millones. Se identificó como ingeniero agrónomo en sistemas de producción agrícola, con domicilio en Barrio Nuevo, Morales, Izabal. Actualmente, la obra registra un atraso de cuatro meses y un avance del 28 %, según el último informe del supervisor de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP).
Rótulo de identificación del proyecto, código SNIP 301063, frente a las instalaciones del edificio. El código QR dirige a un portal de la SCEP donde se puede consultar información del proyecto. Foto: SCEP.
Invitado para ganar
El 25 de marzo del año pasado, la municipalidad de Cobán publicó en Guatecompras las bases de licitación y estableció como fecha para recibir ofertas, el 5 de mayo. Debido a que no se presentaron oferentes, extendió el plazo por ocho días más. El 23 de mayo, la junta de licitación convocó a los interesados durante media hora para conocer y abrir las plicas, pero nadie respondió a la convocatoria.
Por ello, el encargado de compras, Moisés David Cacao Hub, sugirió al alcalde Felipe Pop Cucul finalizar el concurso con el estatus de desierto y seguir el procedimiento de compra directa, como lo establece la Ley de Contrataciones del Estado.
Quince días después, el 9 de junio, la municipalidad a través de Cacao Hub y de Franklin Romeo Chub Caz, gerente de administración financiera, envió una carta para invitar a Samayoa Ruano a participar. Tenía menos de tres días para realizar la visita de campo, estudiar el proyecto y preparar su propuesta.
La nota enviada hasta Morales, Izabal, fue recibida ese mismo día a las 16:30 horas. Al día siguiente, Samayoa respondió con otra carta que la municipalidad de Cobán recibió a las 8:30 a.m. El constructor solicitó acompañamiento para la visita técnica al lugar, que fue autorizada de inmediato y programada para el miércoles 11 a primera hora.
El 3 de julio, el alcalde Felipe Pop Cucul suscribió el contrato con Multiservicios del Nororiente con vigencia de un año a partir del registro del acta de inicio de obras, el 31 de julio de 2025 al 31 de julio de 2026.
El monto original de la adjudicación era de Q7 millones 526 mil, pero en octubre se hizo una rectificación y quedó en Q7 millones 527 mil 120. Es decir, aumentó Q1,120, porque este último monto era el presupuesto acordado con el codede.
Moisés Cacao Hub, licenciado en Investigación Criminal y Forense, dejó de ser el encargado de compras en febrero de 2026. En mayo de este año suscribió un contrato con el Congreso para trabajar como asesor del diputado Randy Aracely Coc Figuera, del bloque Victoria, el partido que llevó a Felipe Pop a la municipalidad. Coc Figueroa es hijo del exalcalde de Carchá, Winter Coc.
Armado de acero de refuerzo para elementos estructurales, correspondientes a vigas y/o columnas, previo a su fundición con concreto. Foto: SCEP
Prórroga por lluvias
Multiservicios del Nororiente tiene ocho contratos de construcción vigentes que debe atender de manera simultánea: tres en Alta Verapaz, dos en Chiquimula, uno en Guatemala y uno en Petén.
El 15 de junio de este año, a mes y medio al vencimiento del contrato, Multiservicios del Nororiente solicitó una prórroga de un año más pues solo registraba un avance físico del 6 %. Según dijo Samayoa en una carta, el retraso fue “debido a las inclemencias del clima que operaron al inicio del proyecto”. El concejo municipal aceptó la solicitud y modificó el contrato, por lo que la constructora tiene hasta julio del próximo año para entregar el instituto.
Al 10 de noviembre de 2026, el portal de Transferencias Codede registra que el anticipo (20 % del monto total de la obra que se otorga al firmar el contrato) se pagó el 5 de junio de 2025 (Q1.5 millones). Un año después, el 26 de agosto de 2026, se hizo un segundo pago de Q451,627. El informe de supervisión de la SCEP reporta un avance físico del 28 %.
Las cámaras que deben transmitir el avance de la obra, por ser un proyecto de más de Q900,000, no existen. En Guatecompras no figura la dirección web ni la clave de acceso. En el portal del SNIP aparecen algunas fotografías.
Para el alcalde Felipe Pop, todo está en orden, la obra “va en su proceso normal”. Asegura que la decisión de invitar a Peter Samayoa, propietario de la empresa Multiservicios del Nororiente, “se fundamentó en la experiencia y trayectoria que acreditaba en la ejecución de proyectos de infraestructura pública, en el ámbito de la construcción de establecimientos educativos”.
Dentro de los antecedentes empresariales y la experiencia acreditada, agrega Pop, se identificaron trabajos relacionados con la construcción de establecimientos escolares. Enumera el instituto básico (telesecundaria) en aldea Quiriguá Abajo, Los Amates, el Instituto Básico en aldea Socela, El Estor, ambos en 2020, así como la ampliación de escuela primaria Sinai, también en El Estor, en el año 2023.
Según los registros de Guatecompras, la Telesecundaria de la aldea Quiriguá Abajo tuvo un costo de Q859,500 y un contrato de cuatro meses. La obra se comenzó a ejecutar en noviembre de 2020 y se entregó en junio de 2021. El contrato del Instituto básico de la aldea Socela era por “120 días calendario gregoriano” y Q865,000, pero la ejecución tardó 14 meses (420 días calendario). En tanto, la ampliación de la escuela primaria Sinaí se hizo en los cuatro meses acordados por un monto de Q700,000.
Las tres obras que cita el alcalde Pop tienen en común que se hicieron en Izabal, el departamento donde reside Samayoa; en los tres concursos solo hubo un oferente: el propio Samayoa. Además, son obras menores de Q900,000 que se gestionaron como cotizaciones. Solo una se entregó en el plazo original establecido.
“Su consideración respondió a criterios de experiencia, capacidad e idoneidad relacionados con el proyecto, y no a una selección arbitraria o por razones particulares”, concluyó Pop.
Se buscó a Samayoa para conocer las razones del retraso de la obra y cómo organiza su empresa para atender de manera simultánea ocho proyectos en cuatro departamentos del país. No atendió las llamadas.
Vista inferior de la losa de concreto y del sistema de vigas que se apoyan sobre columnas de concreto, que forman parte de la estructura portante del edificio. Foto: SCEP
Invitar o adjudicar “a dedo”
Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, considera que invitar a un solo proveedor muestra una “direccionalidad” en el concurso porque se quiere que gane el único invitado a participar. “Esto se conoce como una adjudicación dirigida que debería ser fiscalizada por la Contraloría General de Cuentas”.
“Los concejos municipales están desatados porque no tienen mayores controles que los frene, algunos han decidido que no les aplica la Ley de Acceso a la Información Pública. Vemos que con el dinero público se atienden todos los intereses de esa empresa, pues se le concede, en la práctica, un contrato a dedo ”, agrega Marroquín.
Por su parte, Roberto Alvarado del Observatorio Ciudadano para la Paz, organización que se dedica a fiscalizar obras públicas en ese departamento, señala que la práctica de declarar desiertos los concursos y después invitar a proveedores específicos a participar es una constante en Alta Verapaz.
Las fotografías publicadas en Segeplan y tomadas en octubre de este año muestran varias columnas que sostienen una plancha de cemento correspondientes al primer nivel del centro educativo. No hay paredes, ventanas y la tierra no se ha aplanado tampoco para preparar el espacio para el polideportivo. El proyecto del codede registra un avance físico del 28 %.
Vista de la estructura construida para la conformación de la rampa de acceso a la edificación. Foto: SCEP
Constructor y petrolero
Peter Domingo Samayoa Ruano es un ingeniero agrónomo egresado de la Universidad de San Carlos. Nació en Morales, Izabal hace 45 años. Es el propietario de Multiservicios del Nororiente una empresa individual que comenzó a proveer al Estado en 2009 y que, al 10 de noviembre de 2026, ha ganado Q528 millones en 307 concursos. Al cierre, tenía ocho contratos vigentes, seis de ellos son por montos millonarios.
Imagen de Peter Samayoa, presidente y CEO de CIAMSA
Además, es representante legal de dos empresas: Logística Dos Mares, S.A. con la que ha obtenido Q5.3 millones en contratos entre 2023 a 2026, otorgados por el Ministerio de Salud y la municipalidad de Morales, municipio del que es oriundo.
Su otra empresa es Commerce I Am, S.A.(CIAMSA) constituida en 2021 y que según su página web se dedica a la importación, exportación y comercialización de productos derivados del petróleo. Sin embargo, no es proveedora del Estado.
NOTA 05/Nacional
Cobra anticipo, no ejecuta obra y tiene 47 contratos municipales
Samuel Porfirio Ochoa de León, propietario de la Constructora Ochoa López, es uno de los proveedores favoritos de las alcaldías. Sus adjudicaciones suman Q111.5 millones.
PorRicardo Quinto
19 de noviembre, 2026·Lectura de 6 min·NacionalCopiar enlace
El puente peatonal en el cantón Buena Vista en San Miguel Chicaj fue inaugurado en mayo pasado por parte de las autoridades locales. Foto: Municipalidad.
78.8%
De los 756 proveedores son personas individuales
19.6%
De los 756 proveedores son sociedades anónimas
Q7 millardos
Son ejecutados por 295 empresas medianas
Q2.6 millardos
Ejecutan 60 grandes empresas
Samuel Porfirio Ochoa de León ganó este año 47 obras de caminos rurales, sistemas de agua potable, drenajes, puentes y escuelas ubicadas en distintas regiones y contratados por varias municipalidades. Todos esos proyectos tienen dos elementos en común: fueron adjudicados a la empresa Constructora Ochoa López, de su propiedad, y se pagan con fondos del Consejo Departamental de Desarrollo (Codede).
Ochoa de León es un auditor y abogado de 58 años que, desde 2024, solo atiende a municipalidades. Las alcaldías le adjudicaron, al 31 de octubre de 2026, 94 concursos por Q172.2 millones en los últimos tres años.
Ni las comunas ni Ochoa mencionan que en 2023 el Instituto Nacional de Electrificación (Inde) lo señaló de cobrar un anticipo de Q9.4 millones para construir una planta de generación de energía fotovoltaica que no construyó ni reintegró.
De auditor a abogado
El constructor, quien no posee título de ingeniero, trabajó para el Fondo Nacional para la Paz en 2013 como auditor. En 2014 comenzó a vender a las municipalidades servicios como colocación de lámparas, alquiler de maquinaria y la reparación de caminos. Se acercó al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), a la Empresa Portuaria Quetzal, a los ministerios de Comunicaciones y Defensa hasta su llegada al Inde en 2022. En junio de ese año se colegió como abogado y notario.
De acuerdo con Guatecompras, Ochoa de León a través de su empresa individual, obtuvo 253 adjudicaciones que superan los Q487.7 millones con diversas entidades del Estado. De esa cifra Q70.6 millones provienen de 27 proyectos financiados con fondos del codede de cuatro departamentos en nueve municipios.
En enero pasado, la Municipalidad de San Pedro Ayampuc informó en redes sociales que Constructora Ochoa López había iniciado con los trabajos de mejoramiento de la calle rural en la aldea San Antonio El Ángel. Foto: Municipalidad
Obras en cuatro departamentos
En 2026, la presencia de Ochoa de León se extiende a cuatro departamentos: Guatemala, Baja Verapaz, Escuintla y Quiché. Donde tiene mayor presencia es en el primero. Seis municipios le adjudicaron 21 contratos que suman Q61.6 millones.
San Juan Sacatepéquez le concedió seis proyectos por Q19.8 millones. La mayoría corresponde a mejoramiento de caminos rurales. En tanto que San Pedro Sacatepéquez adjudicó 10 proyectos por Q16.2 millones para mejorar caminos y calles, construir sistemas de agua potable y ejecutar obras de alcantarillado.
La municipalidad de Villa Nueva lo contrató para construir un instituto tecnológico “con orientación en valores sociales” en la zona 6 del municipio, por Q11.9 millones (NOG 18889522). Aunque la adjudicación se hizo en marzo de 2023 con fecha de entrega para abril de 2024, la obra terminó en agosto de 2026. La asignación de los fondos del codede fue de Q5 millones, según el Ministerio de Finanzas.
San José del Golfo le adjudicó Q5.9 millones para mejorar un camino rural que comunica la cabecera municipal con la aldea Encuentro de Navajas. En San Raymundo, obtuvo otro de Q4.6 millones para reponer un puente vehicular en la aldea El Zarzal. Y en San Pedro Ayampuc, la comuna otorgó dos contratos que suman Q2.8 millones. Uno corresponde al mejoramiento de una calle rural de la aldea San Antonio El Ángel, por Q1.9 millones, y el otro a trabajos en el camino rural del sector Las Casitas, por Q899 mil.
Distribución geográfica de las obras de Constructora Ochoa López
La Constructora Ochoa López también ganó tres proyectos en San Miguel Chicaj, Baja Verapaz, por Q3.9 millones. El de mayor monto es por Q2.8 millones para mejorar la calle del sector IGER y el polideportivo del cantón San Juan. Los otros dos contratos, cada uno por Q599 mil 700, corresponden a la construcción de puentes peatonales en el sector Entrada del cantón Buena Vista y en el sector Pérez del cantón San Juan.
En Masagua, Escuintla, la municipalidad le adjudicó Q3.5 millones para ampliar la escuela primaria de la aldea Las Guacas. Mientras tanto, la comuna de Chinique, Quiché, otorgó dos contratos por Q1.4 millones para el mejoramiento de caminos rurales en el municipio.
Municipalidades defienden contrataciones
Ante las consultas sobre el desempeño de la Constructora Ochoa López, dos comunas que le adjudicaron proyectos financiados aseguraron que la empresa cumplió con las condiciones contractuales. Sin embargo, sus funcionarios reconocieron que desconocían sus antecedentes como contratista del Inde.
Melvin Aldana, director de Planificación de la Municipalidad de San Pedro Ayampuc, explicó que la empresa se retrasó en la ejecución del proyecto en el sector Las Casitas. No obstante, después de otorgar una prórroga, terminó por cumplir con sus obligaciones.
El funcionario aseguró que la Constructora Ochoa López cumplió con los dos proyectos adjudicados en su municipio y calificó como satisfactoria la calidad de los trabajos ejecutados.
Aldana explicó que la dependencia a su cargo se ocupa de planificar y ejecutar obras, no de revisar los antecedentes de los contratistas.
En San Miguel Chicaj, Baja Verapaz, la constructora obtuvo tres contratos. Ariel Chen, director de Planificación municipal, informó que la constructora terminó los dos puentes peatonales. El tercer proyecto, construir pavimento, está en su etapa final de ejecución.
El funcionario también desconocía lo ocurrido con el Inde. Según explicó, las juntas de licitación evalúan las ofertas y adjudican los contratos al proveedor que consideran realizó la mejor propuesta. Añadió que esas juntas deben verificar que los participantes cumplan los requisitos establecidos por la ley y no pueden extralimitarse en sus atribuciones.
Empleados de la Constructora Ochoa López realizan trabajos de zanjeo y entubamiento para la construcción de un sistema de agua potable que conecte con el tanque de almacenamiento en el cantón San Francisco 1 y 2 en la aldea Vista Hermosa.
Un constructor cuestionado en el INDE
En octubre de 2024, el medio Plaza Pública publicó una investigación sobre contrataciones realizadas por el Instituto Nacional de Electrificación (Inde) durante la administración de Melvin Quijivix. Documentó que cuatro empresas vinculadas a Samuel Porfirio Ochoa de León obtuvieron contratos por más de Q150 millones con dicha institución.
Dos de esas entidades comerciales fueron denunciadas por las autoridades del Instituto luego de que una auditoría interna determinó que las contrataciones no tuvieron avances físicos, pese a la entrega de anticipos.
Entre los contratos denunciados figuraba uno adjudicado en mayo de 2023 a Constructora Ochoa López por Q166.9 millones para construir un sistema de generación fotovoltaica en Guacalate, Escuintla. Sin embargo, a octubre de 2024, el proyecto no presentaba ningún avance físico y la empresa ya había recibido un anticipo de Q9.4 millones.
Otro hallazgo fue que la Constructora Ochoa López y otras empresas vinculadas a Samuel Porfirio Ochoa de León tenían conexiones con las entidades Construvisión, S.A., Construvisión Miselli, S.A., y Marsa Inversiones, S.A.
En el proceso de licitación para construir los sistemas fotovoltaicos en Guacalate participaron las empresas Construvision, S.A. y Constructora Ochoa López, ambas vinculadas a la misma persona. La primera fue descartada por la Junta de Invitación al no acreditar la experiencia requerida y la segunda obtuvo finalmente el contrato de Q116.9 millones.
Tras las denuncias planteadas por el INDE, Constructora Ochoa López dejó de figurar como contratista de la administración central y su clientela en el sector público pasó a ser exclusivamente municipal.
Melvin Quijivix, exdirector del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), durante una actividad en 2023. Durante su administración se otorgó ese contrato a Porfirio Ochoa de León. Foto: Plaza Pública.
Contraloría señala al INDE por el caso Guacalate
Mediante una respuesta a una solicitud de acceso a la información pública, la Contraloría General de Cuentas (CGC) informó que en mayo del año pasado concluyó una auditoría al proyecto fotovoltaico de Guacalate y al anticipo de Q9.4 millones otorgado a Constructora Ochoa López.
Los resultados del examen contrastan con los señalamientos que inicialmente hizo el Inde a la empresa, luego de denunciar que el proyecto no registraba avances físicos, pese a que esta ya había recibido el primer pago. Los hallazgos de la Contraloría señalaron a funcionarios del propio instituto por la gestión del contrato y las controversias surgidas durante su ejecución.
El primer hallazgo estableció que los funcionarios del Inde rechazaron una solicitud de prórroga presentada por la constructora en febrero de 2023. La empresa argumentó que existían retrasos en la emisión de la licencia de construcción por parte de la municipalidad de Escuintla, una situación que, según la constructora, estaba contemplada como causa de fuerza mayor en el contrato.
Los auditores también determinaron que los funcionarios inhabilitaron a Constructora Ochoa López sin agotar previamente la fase de conciliación establecida en las cláusulas contractuales. Según la Contraloría, estas actuaciones contribuyeron a que el proyecto quedara suspendido y sin avances, con un alto riesgo de pérdida del anticipo entregado.
Por estos hechos, la entidad fiscalizadora presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP) por responsabilidad mancomunada contra siete funcionarios del Inde, por Q9.4 millones.
Un segundo hallazgo está relacionado con diferencias entre la planificación y la ejecución de la obra. La Contraloría señaló que los supervisores del Inde modificaron repetidamente el diseño de la obra civil, pese a que ya existía una planificación aprobada bajo el SNIP 284373. Según la auditoría, estos cambios provocaron que se agotara el plazo contractual. Por esa irregularidad, la entidad impuso sanciones económicas.
En septiembre de 2024, mediante la resolución GG-R-22-2024, el Inde ordenó inhabilitar a Constructora Ochoa López durante 24 meses para participar en procesos convocados por las gerencias, dependencias y empresas de la entidad. La resolución también dispuso ejecutar las garantías de anticipo y cumplimiento.
El contratista acudió a la vía judicial para cuestionar las actuaciones relacionadas con esa decisión. El 13 mayo de 2025, la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió el expediente 587-2025 y declaró sin lugar el amparo que promovió Ochoa de León. La controversia se relacionaba con la notificación de la resolución que lo inhabilitó y ordenó ejecutar las garantías.
Se consultó a las autoridades del Inde sobre su postura, pero la institución respondió que no podía proporcionar detalles porque un órgano jurisdiccional competente decretó una reserva judicial.
NOTA 06/Chinautla, Guatemala
Constructores deslocalizan su alcance para obtener contratos
Dos empresas acumulan Q288.5 millones en obras de 31 municipios. La proliferación de proyectos menores y las deficiencias en el sistema de inversión pública elevan los riesgos de opacidad en el gasto estatal.
Texto y fotografíasLorena Álvarez
19 de noviembre, 2026·Lectura de 7 min·Chinautla, GuatemalaCopiar enlace
La oficina de la empresa ILPASA está a medio construir. En el ingreso comparten el espacio un improvisado parqueo y mesas en las que se realizan trabajos de soldadura. En un reducido espacio, al menos cuatro personas realizan trabajos administrativos. Foto: Lorena Álvarez.
Q74.1M
Monto de 55 proyectos adjudicados a ILPASA en 16 municipios este año
36
Contratos vigentes tiene ILPASA desde septiembre de 2025 (Q64.2 millones)
Q214.5M
Monto de los 32 proyectos adjudicados a Mario David Archila Ochoa
Q430M
En 131 obras de fondos Codede a cargo de solo cinco proveedores itinerantes
En el patio de la escuela primaria Rubén Darío, en la colonia Jocotales, Chinautla, los niños más pequeños corren y gritan de un lugar a otro, mientras en los corredores las niñas conversan y toman su refacción. Es una mañana soleada y tres trabajadores de la construcción escuchan música al tiempo que colocan las costaneras desde hace dos semanas en la pared trasera de esa instalación.
La escuela fue remozada hace dos años por el Ministerio de Educación (Mineduc), pero el deterioro en su fachada es evidente. Aún así, la municipalidad de Chinautla aprobó el 24 de septiembre colocar un techo metálico en el área posterior por un monto de Q89 mil 660. El proyecto lo ganó Inversiones Logísticas para Aguas, S.A. (ILPASA).
En la escuela primaria Rubén Darío en Jocotales, Chinautla se imparten dos jornadas del nivel primario. Foto: Lorena Álvarez.
Cúmulo de proyectos
Este es el décimo contrato suscrito este año entre la alcaldía que dirige Brenda del Cid Medrano e ILPASA. La empresa puede colocar una cornisa en Chinautla y al mismo tiempo construir el sistema para agua potable en un caserío en Iztapa, Escuintla, operaciones que dirige desde su oficina en la zona 6 capitalina.
Hasta octubre de 2026, según Guatecompras, su alcance llegó a 17 municipios en siete departamentos en los que acumula 55 adjudicaciones para proyectos aprobados por los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) y propuestos por las oficinas de planificación municipales.
El gerente general y representante legal de ILPASA, Ervin Eduardo Pérez González, presenta las ofertas y firma los contratos con los que opera en Ostuncalco y La Esperanza (Quetzaltenango); Chuarrancho (Guatemala); San Vicente Pacaya (Escuintla); Patzún, San Pedro Yepocapa, Comalapa, Santa Cruz Balanyá (Chimaltenango); Santa Lucía Utatlán (Sololá), además de contratos con la Empresa Municipal de Agua (Empagua) de la ciudad de Guatemala.
ILPASA obtiene las adjudicaciones y ejecuta las obras mediante la subcontratación de empresas locales. Como muestra del caso en la escuela Rubén Darío, la directora Janeth García afirmó: “Nosotros no solicitamos ese techo, la construcción fue decisión de la municipalidad”. Los albañiles declararon que trabajan para una empresa ubicada en la aldea La Laguneta, Chinautla, pese a que la adjudicación le pertenece a ILPASA, cuya oficina se encuentra en el sector de La Parroquia, zona 6.
Otro proveedor con presencia en varios municipios es Mario David Archila Ochoa, propietario de la Constructora Ochoa, domiciliada en Guastatoya, El Progreso, que hasta el 31 de octubre registraba 32 adjudicaciones en seis municipios de Alta Verapaz; Nahualá (Sololá); Santa Lucía La Reforma (Totonicapán), Comalapa (Chimaltenango), Ixcán (Quiché), Antigua Guatemala (Sacatepéquez) y con el Ministerio de Cultura y Deportes.
Vía telefónica, ambos constructores argumentaron tener reuniones de trabajo y evadieron las preguntas sobre la capacidad de ejecución de sus empresas. Tampoco se localizó al representante legal en la sede de ILPASA.
Deslocalizados y registros oficiales
Pérez González, por medio de ILPASA, tiene 10 adjudicaciones otorgadas por Chinautla, en su mayoría para obras menores a los Q90 mil. Concentra 11 contratos con la municipalidad de San Vicente Pacaya, Escuintla, para arrendar maquinaria y mejorar caminos rurales. Con la alcaldía de Iztapa mantiene un contrato de Q16.7 millones, la cifra más alta de este año para la empresa, que en total suma Q74.1 millones.
La Constructora Ochoa acumula hasta octubre 32 adjudicaciones, 12 de ellas con la municipalidad de Nahualá, Sololá. En total aparece en 14 municipios y posee adjudicaciones del Ministerio de Cultura y Deportes por Q110.5 millones para la Ciudad Deportiva en Zaragoza, Chimaltenango, y del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) para mantenimiento de rutina en puentes. En 2026 acumula contratos por Q214.4 millones.
De acuerdo con Hugo Maúl, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), los contratistas que operan en varios municipios no son el problema principal, porque para recibir adjudicaciones deben estar al día ante el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE).
“Ahí consta el historial del proveedor. En teoría, el RGAE debe servir para que las entidades compradoras distingan entre empresas serias y las que sirven como intermediarias. Sin embargo, el registro es débil y permite la inscripción de cualquiera que obtenga la constancia que le permite construir”, agregó.
El RGAE del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) no debería ser solo un registro, sino el garante de revisar quiénes ejercen la gerencia, si cuentan con las instalaciones, la maquinaria y el capital declarados, para evitar la creación de empresas de cartón que se coluden para obtener fondos públicos, indicó el director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP), Edgar Balsells.
El exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Abel Cruz, señaló que el RGAE debe verificar las capacidades técnicas de las empresas al momento de calificarlas: “Se creó para garantizar la ejecución de las obras. Cuando se detecten irregularidades en las adjudicaciones, las sanciones deben alcanzar a los funcionarios del Registro”.
Las juntas que califican las ofertas revisan que estén los expedientes y se respaldan con la calificación del RGAE, la solvencia fiscal y otros documentos requeridos, explicó Cruz, al advertir que “si el proyecto tiene padrino”, los integrantes de la junta se limitan a firmar para conservar su empleo.
La ley prohíbe que una empresa contratada subcontrate la totalidad de la obra, comentó Cruz. “Si me contratan, yo debo prestar el servicio, salvo que exista un aspecto concreto que requiera conocimiento especializado y puntual”, advirtió.
El investigador del CIEN consideró que en inversión pública se debe apostar a la planificación para el desarrollo y a proyectos propuestos en mancomunidad. Para ejecutar obras funcionales se requiere certeza en la propiedad del inmueble, diseño, planos y costos transparentes. No se trata de construir lo que se les ocurre, explicó.
Por su parte, Balsells añadió la necesidad de fortalecer los registros (Mercantil y RGAE), los sistemas de información financiera, el papel de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) ante el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur), y la Dirección de Asistencia a la Administración Financiera Municipal (Daafim) del Ministerio de Finanzas.
ILPASA ejecutó en 2017 su primera obra superior a Q1.4 millones para la alcaldía de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos. Foto: Lorena Álvarez.
Evolución de contrataciones
Aunque se fundó en 2002, ILPASA despegó en el mercado de contratos públicos hasta 2017, con Q18 millones facturados, tras varios años sin adjudicaciones. El total acumulado por la empresa asciende a Q566.3 millones.
En octubre de 2016, Medardo Escobar Calderón, su esposa Zoraida Jacobs y su hijo David Escobar Jacobs transfirieron 45 acciones de ILPASA a Gabriela Pérez Ramírez y 55 a Pérez González, quien dirige la operación desde entonces. Escobar Calderón presta servicios bajo el renglón 029 en la Dirección Administrativa de la Contraloría General de Cuentas (CGC), desde 2020.
Según Guatecompras, desde 2022 las empresas Computadoras y Sistemas de Guatemala y la Constructora Los Vados, propiedad de Pérez González, dejaron de participar en los eventos estatales y figuran inhabilitadas por incumplimiento ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). ILPASA mantiene vigentes sus solvencias ante el fisco y el seguro social.
Las adjudicaciones estatales para Mario Archila Ochoa y su constructora comenzaron en 2020 y acumulan en seis años más de Q618.8 millones, con 2026 como su mejor periodo.
Al intentar identificar a los beneficiarios finales inscritos ante el RGAE, la entidad respondió que “la información de los accionistas y personas físicas que poseen o controlan la sociedad” se recibió bajo garantía de confidencialidad.
Fallas estructurales
Para Maúl, el problema de la inversión pública es la fragmentación. “En los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) no se programan obras grandes o intermunicipales. Esto deriva en cientos de microproyectos que facilitan las compras directas y de baja cuantía, práctica que se repite en el CIV. En lugar de trazar un tramo largo, dividen una carretera en cinco partes para repartir fondos entre varios contratistas”.
Balsells señaló que el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) —que incluye a las municipalidades como entes autónomos— padece deficiencias desde la concepción, estructuración y formulación de los proyectos.
Añadió que cada año se aprueban proyectos con estudios de factibilidad deficientes, lo que incide en el manejo opaco de la inversión y se agrava ante la falta de supervisión de Segeplan, la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) y de la Subcontraloría de Calidad del Gasto.
En octubre de 2026, fue nombrado como Contralor General Élfego Castañón González, quien designó a Carlos Orozco Robles al frente de la Subcontraloría de Calidad de Gasto, unidad a cargo de 17 direcciones, entre ellas las de auditoría al sector Salud, Medio Ambiente, Comunicaciones, Infraestructura Pública, Municipalidades y Consejos de Desarrollo.
La falta de preparación técnica de las organizaciones comunitarias para proponer y defender sus proyectos permite que los alcaldes impongan las obras, lo que genera prácticas clientelares, agregó Maúl.
“Existen municipios donde los allegados al alcalde se convierten en exitosos empresarios ferreteros o de materiales de construcción gracias a las adjudicaciones municipales que reciben”, indicó el investigador del CIEN, quien recordó el caso de un exalcalde de Palín que canalizaba compras hacia negocios de sus allegados.
“
“La falta de preparación técnica de las organizaciones comunitarias para proponer y defender sus proyectos deja el vacío para que sean los alcaldes quienes impongan las obras”
Hugo MaúlInvestigador del CIEN
NOTA 07/San Andrés Villa Seca, Retalhuleu
El techo de los Q900 mil: un centavo más y habría que licitar
En San Andrés Villa Seca, Retalhuleu, un camino rural se entrega en pedazos de 306 metros. Cada tramo cuesta exactamente Q900 mil, el máximo establecido en ley para adjudicar sin licitación.
PorRodrigo Estrada
19 de noviembre, 2026·Lectura de 8 min·San Andrés Villa Seca, RetalhuleuCopiar enlace
Rótulo oficial en la línea C12 de San Andrés Villa Seca: Meta a ejecutar: 306 metros lineales. Monto: Q900 mil exactos financiados por el Consejo Departamental de Desarrollo (Codede). Foto: Alex Cruz
En el extremo oriental de la línea C12 del parcelamiento Centro II, La Máquina, en San Andrés Villa Seca, Retalhuleu, hay una porción de terracería atrapada entre dos tramos de camino adoquinado. No es un olvido ni una falla de la obra. Es un proyecto que todavía no existe.
“Ahí se quedó, pero ya tengo la solicitud”, explica Edith Pineda, presidenta del Consejo Comunitario de Desarrollo (cocode) del sector Peraz-Sis, en la línea C12. “Como eso estaba estrechito, entonces ese proyectito viene después.” Era parte del mismo camino, admite. Pero tendrá que esperar su propio contrato.
La línea C12 es un solo camino de 10,7 kilómetros, según medición de Ojoconmpisto sobre imágenes satelitales, verificada en un recorrido de campo. Va de la laguna Güiscoyol al extremo oriental del parcelamiento El Sis.
La carretera principal la cruza casi a la mitad, a 5,4 kilómetros. En el portal de Guatecompras, sin embargo, aparecen como tres obras distintas, cada una por exactamente Q900 mil, pagadas con fondos del Consejo Departamental de Desarrollo (codede) de Retalhuleu.
Tres contratos y Q2.7 millones después, la línea lleva 918 metros adoquinados: el 8.6 por ciento de la calle. Los proyectos están separados entre sí y no siguen la lógica de completar la calle de principio a fin, sino la de pequeños tramos que no superan los 306 metros lineales.
Completarlo todo costaría unos Q31 millones y requeriría, al menos, 35 concursos. Al ritmo de los dos últimos años, el camino estaría terminado en 2037.
Ninguno de esos concursos superaría los Q900 mil porque con un centavo más, la ley los obligaría a licitar.
La medida que la comunidad aprendió
A la comunidad no le preguntaron cuánto camino necesitaba. Le dijeron cuánto le tocaba.
Pineda explica que desde el primer proyecto que recibió le dijeron que lo que podían construir con el presupuesto asignado eran esos 306 metros y así terminaron el primero de los tramos y también el segundo. El que se gestiona en este momento, y que pasa frente a la escuela de la comunidad, medirá lo mismo.
La cifra no es casual. Ocho contratos financiados por el codede de Retalhuleu en el municipio, en cinco líneas del parcelamiento y repartidos entre cuatro constructoras, tienen el mismo metraje: 1 mil 468.80 metros cuadrados de adoquín y 612 metros de bordillo. Hasta el decimal.
Lo único que cambia es el precio unitario del adoquín, que se mueve entre Q430 y Q448 hasta que el total cuadra en Q900 mil exactos.
Dos de esos contratos están sobre el mismo tramo, el de Peraz, separados por unos 500 metros. El primero se adjudicó en 2025 a Ribari Construcciones; el segundo, en 2026, a Multiproyectos MAD.
En medio quedó el pedazo de terracería que Pineda señala. Y viene un tercero: Henry Antonio Maldonado López, director de planificación del municipio, comentó que ese mismo día (25 de septiembre 2026) subiría a Guatecompras el proyecto “Peraz fase 2”.
El adoquinado de Peraz Sis no arranca en un cruce ni en un punto de referencia de la comunidad. Empieza frente a un portón de metal y un muro de block repellado: los de la casa más vistosa del sector. Foto: Alex Cruz
“Al final todo cuadra”
Maldonado argumenta que la explicación es “técnica”. Dice que la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) solo permite destinar el 35 % de la asignación del codede a caminos, y que una obra grande se comería el presupuesto que debe repartirse entre 71 comunidades.
El ancho, agrega, lo fija una norma: cinco metros. De ahí sale el largo de cada tramo. “Si nos regimos a esta cifra, sacamos el promedio. Lo tenemos evaluado: 310 a 306 metros lineales”, señala.
Y si la comunidad pide una calle más ancha, el tramo se acorta: “El problema es que en ciertas comunidades dicen: mire, yo quiero mi calle de siete metros. Entonces, será más corta”.
Maldonado reconoce que licitar la línea completa sería más barato y sencillo: un solo contrato, una sola fianza, un solo expediente.
Cada proyecto, explica, toma alrededor de tres meses de trámite y genera cuatro o cinco expedientes, incluido el aval ambiental. Sostiene, sin embargo, que partir la obra es lo que permite llegar a más comunidades, y que el punto donde empieza cada tramo no lo decide la municipalidad sino el cocode.
El director de planificación también tiene una explicación sobre por qué las ofertas llegan al mismo número: el convenio de ejecución entre la municipalidad y el codede se publica antes del concurso con los renglones, las cantidades y el total ya fijados, señala.
“Los renglones no los podemos cambiar. Son mil 500 metros cuadrados. Ellos le colocan su precio”, dice. La municipalidad, además, presenta su planificación y la SCEP emite un dictamen de costo/parámetro que fija topes por renglón según la distancia de la comunidad.
Con las cantidades fijadas en el convenio y los precios establecidos en el dictamen, lo que queda por competir es limitado.
El oferente conoce de antemano la cifra a la que debe llegar y acomoda los precios hasta alcanzarla. Verificarlo desde el portal es imposible: “En Guatecompras se publican los renglones, no se publica el costo del renglón”, admite Maldonado.
Consultado por qué los tres contratos de la línea C12 terminaron en la misma cifra, el director de planificación no respondió de manera directa y derivó la explicación al procedimiento de la junta de cotización, que califica y adjudica.
Dónde empieza el camino
El adoquinado de Peraz Sis no arranca en un cruce ni en un punto de referencia de la comunidad. Empieza frente a un portón de metal y un muro de block repellado: los de la casa más vistosa del sector.
Esta es varias veces más grande que la de Edith Pineda, quien preside el cocode y vive a unos metros de ahí. Ojoconmipisto no pudo establecer quién es su propietario.
Maldonado sostiene que el cocode decidió donde arrancar. “Lo dicta la comunidad” asegura.
Pineda lo confirma. “Decidimos hacerlo ahí porque hay muchas subidas, y se pone malísimo el tramo cuando hay polvo”.
La escuela, que está en el mismo extremo oriental de la línea, a unos cientos de metros del último tramo adoquinado, quedó para un proyecto futuro.
Las subidas y las bajadas extras no suben ni bajan el precio establecido de Q900 mil.
Tres tramos, un rótulo
En un recorrido por la línea C12, está el rótulo de identificación de la obra en solo uno de los tres tramos: el de Peraz-Sis. Se trata del más reciente, adjudicado en 2026 a Multiproyectos MAD. En los otros dos no había nada, aunque el adoquinado luce terminado.
Bajo el código SNIP 355420 y el NOG 29848105, el letrero señala: “Meta a ejecutar: 306 metros lineales”.
En el desglose del costo no deja dudas sobre quién paga: Q900 mil del Consejo Departamental de Desarrollo, Q0 de aporte municipal y Q0 de aporte comunitario, para 500 beneficiarios. Son Q2 mil 941 por cada metro de camino.
La ausencia de los otros dos rótulos también tiene efectos administrativos. El codede explicó que cuatro obras del municipio siguen registradas con 80 % de avance, pese a estar concluidas, porque en las últimas visitas los supervisores no encontraron el letrero que identifica el proyecto. El avance que reporta el sistema depende de una lámina clavada a la orilla del camino.
El camino fragmentado en San Andrés Villa Seca. Más de 360 obras en el país se concentran en el umbral previo a los Q900 mil para adjudicar sin licitar. Foto: Alex Cruz
Nadie revisó antes
El 20 de febrero de 2026, cuando el consejo departamental aprobó reprogramar ocho obras de Villa Seca, su propia Secretaría Técnica dejó constancia en el acta de que los proyectos no pasaron por la revisión previa de la delegación de Segeplan en Retalhuleu. Se aprobaron de todos modos, por unanimidad, en una sesión que empezó una hora tarde porque no había quórum.
Nueve meses antes, Segeplan informó al mismo consejo que San Andrés Villa Seca tenía 20 % de expedientes revisados, el porcentaje más bajo del departamento. Ese día se le aprobó una cartera de Q30 millones. El último proyecto de la lista, el camino de la línea C8 hacia la Colonia El Bosque, recibió Q887 mil 702: lo que faltaba para cerrar la cifra redonda.
En Sis, la discusión sobre límites legales no llega. Pineda agradece. Antes de estos tramos, dice, tres alcaldes pasaron sin dejar “ni siquiera 50 metros de fraguado”. Cuenta que cuando llegaban los camiones con adoquín ella salía con café y pan para los trabajadores, y que la gente de la comunidad ayudó a abrir las zanjas para el agua.
“Y la gente aquí está feliz porque jamás y nunca nos habían dado nada”, afirma.
Sobre el costo de la obra prefiere no opinar: “Tenemos entendido que en eso sale, pero no sabemos bien cómo se arma”. Y ya está midiendo el siguiente pedazo, el que llega a la escuela y que, de nuevo, será de 306 metros.
Cuando se le pregunta a Pineda si no cree que sería mejor una obra grande de Q2 millones en lugar de varias de Q900 mil, responde “por supuesto la comunidad preferiría el camino completo”.
En el techo de los Q900 mil
El patrón supera a Villa Seca. De 1 mil 170 obras adjudicadas por cotización con fondos de los codede, 360 cuestan entre Q850 mil y Q900 mil: casi una de cada tres, y más del triple que cualquier otro tramo de Q50 mil.
De esas, 125 están entre Q899 mil 500 y Q899 mil 999, mientras que 36 cuestan exactamente Q900 mil. Quince están en Q899 mil 500 y otras quince en Q899 mil 800.
Retalhuleu y El Progreso son los departamentos que reúnen más obras de Q900 mil, nueve cada uno, seguidos de San Marcos con ocho.
Las 360 obras que se ubican en los Q50 mil previos al límite suman Q321.6 millones y están repartidas en 140 municipios de los 229 que recibieron fondos de los codede. En 49 de ellos hay tres o más. Y en 358 de los 360 concursos se presentó una sola empresa.
El que más recurre al rango es San Agustín Acasaguastlán, El Progreso, con 15 obras, seguido de San Andrés Villa Seca y Uspantán, Quiché, con 11 cada uno.
Si los montos respondieran al costo de cada obra, deberían repartirse de forma pareja alrededor del límite. Sin embargo, esto no ocurre. En los Q50 mil inmediatamente debajo de Q900 mil hay 360 obras; en los Q50 mil inmediatamente encima, apenas 12. Más arriba el rango vuelve a llenarse: 117 obras entre Q950 mil y Q1 millón, y otras 117 entre Q1 millón y Q1.1 millones.
El vacío está justo donde empieza la obligación de licitar.
NOTA 08/San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez
Ex concejal se lleva Q7 de cada Q10 de inversión en el municipio
Hainz Noé Arévalo Vásquez fue concejal III de ese municipio de Suchitepéquez, entre 2012 y 2016, y era proveedor de otras alcaldías. Diez años después se convirtió casi en el amo y señor de los proyectos de los Consejos Departamentales de Desarrollo en su departamento.
PorLuis Angel Sas
19 de noviembre, 2026·Lectura de 8 min·San Pablo Jocopilas, SuchitepéquezCopiar enlace
El contratista Hainz Noé Arévalo recibió este año 16 contratos para ejecutar obra municipal con fondos de los Consejos Departamentales de Desarrollo. El de mayor monto corresponde a la ampliación del instituto básico Abraham Lincoln, en Chicacao, Suchitepéquez. Foto: SCEP
Q47.4M
En 16 contratos a cargo de un exconcejal III
Q8.1M
En 3 contratos en manos de un exalcalde de Esquipulas Palo Gordo
Q6.3M
En 6 contratos adjudicados a un exconcejal IV
Q16M
En 7 contratos adjudicados a un exsíndico I en Chimaltenango y Jutiapa
Así como hay un dicho que dice que todos los caminos conducen a Roma en San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez, podría decirse que todas las obras –o casi todas que se realizan por medio de los Consejos Departamentales de Desarrollo– conducen al mismo hombre: Hainz Noé Arévalo Vásquez.
El dicho era metafórico, pero los contratos que Arévalo Vásquez ha recibido con Multiservicios H y N son más reales. En este municipio, situado a ocho kilómetros de la cabecera departamental y con poco más de 20,000 habitantes, se ha llevado Q7 de cada Q10 destinados a inversión de obra pública.
Entre 2012 y 2016, Arévalo Vásquez era concejal III de este municipio y votaba en el concejo para llevar obras a los vecinos. Participaba en las decisiones de qué se construía y cómo se asignaban los fondos. Llegó al cargo con la alianza UNE-Gana.
En mayo de 2012, el mismo año en que asumió el cargo y se estrenó como proveedor municipal, Santo Tomás La Unión lo contrató para remodelar los locales comerciales de El Portalito, por Q19 mil 880. En septiembre de ese año, construyó el sistema de alcantarillado de la aldea Las Victorias, en Santa Bárbara. Ambos municipios se ubican en Suchitepéquez.
Durante esos cuatro años y los posteriores, se mantuvo al frente de Multiservicios H y N. Ahora es quien ejecuta más obras y recibe los montos más altos.
Los registros de Guatecompras lo demuestran. De los 22 contratos que la municipalidad de San Pablo Jocopilas adjudicó a personas individuales con fondos del codede en 2026, Arévalo Vásquez obtuvo Q14.6 millones de Q26.9 millones disponibles. Esto representa el 54.2 % del monto.
Contratos adjudicados a Hainz Noé Arévalo Vásquez
No.
NOG
Municipio
Obra
Monto (Q)
Fecha de firma
1
23691735
Jalapa, Jalapa
Ampliación hospital, área de servicio materno
4,800,000.40
10/02/25
2
26268221
Santo Tomás La Unión
Reposición sistema de alcantarillado sanitario, cabecera municipal
3,099,145.00
24/06/25
3
26268248
Santo Tomás La Unión
Construcción sistema de alcantarillado pluvial, 5a avenida
3,476,504.00
25/06/25
4
26974150
Chicacao
Mejoramiento 2a calle, barrio Brisas del Cutzán
3,999,168.00
18/09/25
5
27088383
Chicacao
Ampliación Instituto Básico Abraham Lincoln
6,272,389.00
18/09/25
6
27422534
Patulul
Mejoramiento calle frente al IGSS, casco urbano
439,892.00
26/09/25
7
27932982
San Pablo Jocopilas
Mejoramiento calle rural Sector Ixcanalero hacia Sector Ian Tarrales, aldea Chocolá
1,768,961.00
1/12/25
8
28072073
San Pablo Jocopilas
Mejoramiento calle rural frente al salón comunal, aldea Madre Mía
898,270.00
1/12/25
9
28053664
San Francisco Zapotitlán
Mejoramiento calle rural de la iglesia a Las Ojarascas, colonia El Rosario
Mejoramiento calle principal desde 4a avenida hacia Flor del Café, casco urbano
3,100,251.00
29/12/25
12
28394771
San Francisco Zapotitlán
Mejoramiento calle rural 1a y 2a calle, Sector Río Negro 2, aldea San José
5,898,900.00
15/01/26
13
28016467
San Pablo Jocopilas
Mejoramiento calle rural Sector Mercado Escuela Vieja, aldea Chocolá
3,229,631.00
20/01/26
14
28405366
San Antonio Suchitepéquez
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario, 1a avenida, casco urbano
2,499,000.00
4/02/26
15
28515439
San Antonio Suchitepéquez
Mejoramiento calle rural Sector Fátima, aldea Barrios I
1,499,285.00
4/02/26
16
28877195
San Juan Bautista
Mejoramiento sistema de agua potable, Sector San Luisito
2,753,896.00
7/07/26
Arévalo Vásquez se ha especializado en la construcción de sistemas de alcantarillado y reparación de calles, según los contratos de Guatecompras. La imagen corresponde al mejoramiento de una calle rural entre primera y segunda calle del sector río Negro 2, aldea San José, San Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez, por un monto de Q5.8 millones. Foto: SCEP
Todo ocurrió en 50 días
Si se quiere entender cómo Arévalo Vásquez se quedó con estos concursos hay que ver el calendario. Entre diciembre de 2025 y enero de 2026, mientras se cerraba el año fiscal, las autoridades de San Pablo Jocopilas firmaron los contratos a favor de Arévalo Vásquez para comprometer los fondos que se ejecutarían en 2026.
El 1 de diciembre del 2025 suscribieron dos convenios: uno por Q1.7 millones para el mejoramiento de una calle en la aldea Chocolá y otro por Q898 mil 270 para la calle frente al salón comunal de la aldea Madre Mía.
El 15 de diciembre formalizaron un contrato por Q2.4 millones para mejorar otra calle en la aldea Chocolá. El 29 de diciembre le adjudicaron el contrato más alto: la reparación de la calle principal y la cuarta avenida del casco urbano por Q3.1 millones.
El 20 de enero de 2026 se firmó un contrato –cuyo proceso comenzó en 2025– por Q3.2 millones para mejorar otra calle en la aldea Chocolá. Tres de las cinco obras quedaron en la misma aldea, con un monto acumulado de Q7.5 millones.
El mejoramiento de una calle rural en el sector Río Negro 2, aldea San José, San Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez es el segundo contrato más alto que recibió Arévalo. El costo de la obra asciende a Q5.8 millones. Foto: Municipalidad
El número uno de Suchitepéquez
Entre junio del 2025 y julio del 2026, siete de los 16 municipios del departamento de Suchitepéquez le adjudicaron 15 obras del codede por un monto de Q42.7 millones: San Pablo Jocopilas, Chicacao, San Francisco Zapotitlán, Santo Tomás La Unión, San Antonio Suchitepéquez, San Juan Bautista, Patulul
Ningún otro contratista individual alcanzó esos montos ni ese número de contratos.
Guatecompras registra la adjudicación deQ200.7 millones a contratistas individuales en ese departamento. Arévalo Vásquez captó el 21% de ese dinero y obtuvo 15 de 86 contratos firmados; es decir, uno de cada seis.
La distancia con los demás es amplia. En Suchitepéquez, 33 contratistas particulares recibieron obras. El segundo lugar, José Alejandro Ramírez Mansilla, obtuvo el 13 % de los fondos, y el tercero, John Friderel Gómez Gómez, el 8 %. El promedio adjudicado al resto de contratistas fue de Q3.2 millones en ese periodo; Arévalo Vásquez obtuvo una cifra 13 veces mayor.
Principales contratistas individuales en Suchitepéquez
No
Contratista
contratos
Monto
% del depto
1
Hainz Noé Arévalo Vásquez
15
Q42,687,420
21.30%
2
José Alejandro Ramirez Mansilla
2
Q25,998,218
13%
3
John Friderel Gómez Gómez
7
Q16,368,700
8.20%
4
Fredy Bartolo Muy Castro
7
Q10,725,117
5.30%
5
Humberto David González Pérez
4
Q9,349,757
4.70%
Fuente: Guatecompras
Contratos en combo
En cuatro de los siete municipios donde ganó, Arévalo Vásquez recibió más de un contrato el mismo día o en fechas consecutivas.
El 24 y 25 de junio del 2025, la municipalidad de Santo Tomás La Unión le otorgó dos obras de drenaje por Q3.1 millones el primer día y otra por Q3.5 millones al día siguiente.
Tres meses después ocurrió algo similar en Chicacao. El 18 de septiembre le adjudicaron dos contratos: uno por la ampliación del instituto básico Abraham Lincoln por Q6.3 millones, y otro por la reparación de una calle, por Q3.9 millones. Ambos sumaron Q10.2 millones.
En San Pablo Jocopilas se firmaron dos contratos el 1 de diciembre de 2025.
El 4 de febrero de 2026, la municipalidad de San Antonio Suchitepéquez le adjudicó la construcción del alcantarillado, por Q2.4 millones, y el mejoramiento de una calle, por Q1.5 millones.
Contratos adjudicados a favor de Hainz Noé Arévalo Vásquez
Municipio
Contratos municipios
Contratos ganados
% de contratos ganados
Monto del municipio en inversión
Monto dado ganador
% del monto
Santo Tomás La Unión
4
2
50 %
Q8,477,449
Q6,575,649
77%
San Pablo Jocopilas
10
5
50 %
Q15,804,479
Q11,496,403
72%
Chicacao
7
2
28.60 %
Q18,237,557
Q10,271,557
56%
San Juan Bautista
6
1
16.70 %
Q10,149,486
Q2,753,896
27%
San Francisco Zapotitlán
11
2
18 %
Q35,190,962
Q7,152,738
20%
San Antonio Suchitepéquez
13
2
15 %
Q27,604,401
Q3,998,285
14%
Patulul
4
1
25 %
Q8,205,692
Q439,892
4%
Fuente: Guatecompras
“No volveré a la política”
Según Hainz Noé Arévalo, su etapa en política terminó. Quiso experimentar, pero entendió la política que no es para cualquiera y por ello prefirió continuar como empresario.
“Me di cuenta de que eso no era para mí. No cualquiera aguanta estar en un cargo público, consume mucho tiempo y no fue buena experiencia” explicó Arévalo.
Además, indicó que no ha sido fácil convertirse en la persona individual que más proyectos ha obtenido en el departamento de Suchitepéquez. “Hemos ido creciendo, no ha sido fácil. Tuve que ganar experiencia, hacer capital y aumentar mi capacidad para invertir. No fue algo de la noche a la mañana”.
Arévalo afirmó que trabajar con el Estado tampoco es fácil. “Lo que más me ha costado es cobrar. El dinero que uno invierte después toca cobrar y cuesta mucho. He tenido malas experiencias, pero he ido saliendo y fortaleciendo mi empresa. No es por contactos políticos, sino por la experiencia”.
El departamento de Suchitepéquez registró contratos por Q200 millones con contratistas individuales, no empresas. Arévaló obtuvo el 21 % del monto adjudicado; el resto se distribuyó entre otros 32 proveedores. Foto: Municipalidad
Otros exintegrantes de concejos en la red de proveedores
Juan Carlos Ochoa Arresis, jefe edil de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos, durante dos períodos consecutivos (2012-2016 y 2016-2020), estuvo con el Partido Patriota. Tras dejar el cargo, continuó con contrataciones con el Estado. A diferencia de Hainz Noé Arévalo Vásquez, su constructora Codipla no estuvo activa durante los años en que ejerció como alcalde.
Ochoa Arrecis es proveedor desde 2005 y, al 16 de noviembre de 2026, Guatecompras registra 173 adjudicaciones a su nombre que superan los Q111 millones. Sus clientes son municipalidades.
Juan Carlos Ochoa, entonces alcalde de Esquipulas Palo Gordo. La fotografía es de junio de 2015. Crédito: Facebook
En 2026 recibió tres contratos financiados con fondos del codede, por Q8.1 millones. El de mayor cuantía es la construcción del sistema de aguas pluviales de la 5 calle, zona 2 de San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, por Q6.3 millones.
Los otros dos proyectos corresponden al mejoramiento de calles rurales en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos: uno en el caserío El Boquerón, Aldea Sacuchum Dolores, por Q799 mil 600, y otro en la 4 calle de la aldea San Isidro Chamac por Q999 mil 700.
Mejoramiento de una calle del caserío El Boquerón, aldea Sacuchum Dolores, en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, SNIP 356653. Al 6 de noviembre de 2026 reporta un avance del 95 %. La imagen está disponible en la página de Facebook de Codipla. Juan Carlos Ochoa, de espaldas, viste una camisa tipo polo negra.
Otro exconcejal
Marvin Karim Samayoa Bol, concejal IV de Salamá, Baja Verapaz, en el período 2016-2020, hizo algo parecido: mantuvo en operación su constructora IACO y él se mantuvo activo después de dejar el concejo como contratista.
Es proveedor del Estado desde 2008 y al 16 de noviembre de 2026 registra 147 adjudicaciones por Q127.6 millones.
Este año obtuvo seis contratos financiados con fondos del codede, por Q6.3 millones, en municipios de Baja Verapaz ajenos al suyo.
En Cubulco tiene a su cargo la construcción de un puesto de salud en el caserío Choven, aldea Santa Rosa, por Q1.8 millones, y el mejoramiento del sistema de agua potable del área urbana por Q1.4 millones.
Los otros cuatro proyectos son obras viales en San Miguel Chicaj: el mejoramiento de calles en los sectores López y Bethesda, de los cantones San Pedro y San Juan, por Q378 mil 840; y la construcción de caminos rurales en el sector Capilla Católica de la aldea El Progreso, por Q899 mil 020; en el sector Guapinol de la aldea San Gabriel Pasuj y el caserío Chilajón, por Q1.8 millones; y en la aldea Rincón de Jesús.
Los contratos de San Miguel Chicaj se suscribieron en pares: dos el 23 de diciembre de 2025 y dos el 3 de febrero de 2026. En todos los concursos figuró como único oferente.
El 25 de agosto de 2026, la municipalidad inauguró el puesto de salud del caserío Chovén, cuya construcción estuvo a cargo de la empresa de Marvin Karim Samayoa, exconcejal.
El exsíndico
José Manuel López Pérez, síndico primero del municipio de Taxisco, Santa Rosa, en el período 2016-2020, llegó con el partido Unión del Cambio Nacional (UCN) , después de haber sido contratista durante tres años en otros departamentos.
El síndico municipal ocupa ese cargo de elección popular, es el mandatario legal de la alcaldía ante tribunales y entidades administrativas. También supervisa la gestión del alcalde y de las dependencias municipales.
En 2026, López Pérez recibió siete contratos por Q16 millones en cuatro municipios de Chimaltenango y Jutiapa. Las obras de mayor monto están en Moyuta, Jutiapa: dos contratos de Q5 millones cada uno para el mejoramiento del camino rural de la aldea Las Tablas hacia la aldea La Cruzadilla y para la calle del sector Escuela Primaria de la aldea El Nanzal. Ambos se firmaron en agosto de 2026.
En Parramos, Chimaltenango, ejecuta la ampliación del alcantarillado sanitario del caserío Paraxaj por Q1.8 millones y el mejoramiento del camino rural de la aldea El Llano por Q491 mil. En Pasaco, Jutiapa, tiene a su cargo el mejoramiento de las escuelas primarias de las aldeas Potrerillos, por Q1.2 millones, y La Sincuya, por Q570 mil.
El proyecto “Mejoramiento Calle sector los Cabrera”, se realiza con fondos del Consejo Departamental de Desarrollo y una inversión de Q 2,001,500. Al 9 de noviembre de 2026, el reporte era 100 % de ejecución. Foto: Municipalidad de Yupiltepeque.
El último proyecto es una calle rural en el sector Los Cabrera de la aldea Las Lajas, en Yupiltepeque, por Q2.1 millones.
Entre 2013 y el 10 de noviembre de 2026, López Pérez ha ganado 268 adjudicaciones que suman Q411.8 millones. No ha sido proveedor de la municipalidad deTaxisco.
En 2026, los cuatro exintegrantes de corporaciones municipales identificados en esta investigación recibieron 32 contratos financiados con fondos de los Consejos Departamentales de Desarrollo, por un total de Q77.8 millones.
NOTA 09/Comitancillo, San Marcos
Proveedor deja a medias dos escuelas
Multiservicios PL tiene autorización para realizar obras por hasta Q500 millones, pero dejó a medias dos escuelas por las que cobró el 90% de los fondos. La empresa no ha tenido consecuencias por su incumplimiento y ganó 13 proyectos de codedes sin competencia.
PorElsa Coronado
19 de noviembre, 2026·Lectura de 6 min·Comitancillo, San MarcosCopiar enlace
El sistema de compras y contrataciones no funciona como lo indica la ley. Algunos proveedores que dejan obras inconclusas en un municipio pueden conseguir más contratos en otras localidades porque se libran de las sanciones. Esto ocurrió con la empresa a cargo de las escuelas en el caserío El Salitre y en la Aldea El Porvenir Candelaria de Comitancillo, San Marcos.
En esas dos localidades no hay aulas para más de 100 alumnos. La empresa Multiservicios PL, propiedad de Eddie Erly Danniery Portillo Lima, se comprometió a construir aulas para los niños de preprimaria y primaria, pero no terminó los trabajos. El proveedor se retrasa en la ejecución de proyectos, como el de la calle El Calvario en San Cristóbal Verapaz, pero sigue activo y tiene contratos para construir otras escuelas y carreteras en seis municipios de Alta Verapaz.
Portillo Lima tiene 30 años y seis años de experiencia como constructor de obras con fondos públicos. Su empresa cuenta desde 2020 con 243 adjudicaciones de varias entidades municipales y de gobierno que suman, a inicios de octubre, Q405 millones.
La tragedia de los niños de San Marcos
En 2022, la empresa de Portillo Lima fue la única que presentó una oferta para ejecutar fondos de la calamidad pública para establecimientos educativos en San Marcos, habilitados por decreto tras el paso de la tormenta Julia.
Su trabajo era reparar daños y realizar nuevas construcciones de aulas, cocina, sanitarios y pequeñas áreas para deportes por Q3.8 millones. El monto no lo estableció la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE) del Ministerio de Comunicaciones, que ofertó los servicios, sino que lo propuso Portillo Lima.
Sin embargo, sus cálculos no cuadraron. Los documentos oficiales muestran que el fallecido exministro de Comunicaciones, Javier Maldonado, autorizó incrementar la ejecución a Q5.2 millones. Casi cuatro años después, los trabajos están inconclusos. Los niños de cinco años reciben clases en un salón comunal. A otros se les ubicó en espacios inadecuados y, a veces, han tenido que usar salones sin techo en medio del polvo, para recibir sus lecciones.
El director de la escuela de El Porvenir Candelaria, Francisco Pérez, dice que casi pierde su puesto porque la comunidad lo culpó a él por el incumplimiento en los trabajos. “No hay aulas, escritorios, pizarrones, cátedras. Esto es como que no fuera un establecimiento educativo”, relata. Los afectados son cerca de 90 alumnos en este establecimiento.
La presión comunitaria lo hizo ir 17 veces a las oficinas de la UCEE para exigir respuestas. También fue a la delegación de la Contraloría General de Cuentas (CGC) y a la Dirección Departamental de Educación. Siempre regresó sin respuestas o con información a medias.
Según Pérez, entre agosto y septiembre llegaron unos trabajadores a colocar ventanas a las aulas e instalar sanitarios sin los biodigestores ofrecidos. No los pueden usar porque no tienen puertas y porque legalmente la obra no se puede ocupar hasta que los trabajos estén concluidos y se haga la entrega a las autoridades. El director señala que lo que ya está hecho se deteriora con el paso del tiempo.
Al proveedor se le pidió concluir los trabajos, pero no respondió a los llamados. Finalmente, el 7 de julio de 2026 la ministra de Comunicaciones, Norma Zea, firmó la rescisión del contrato y el 3 de septiembre se realizó la notificación oficial y se publicó en el portal Guatecompras, que registra las adquisiciones y los proveedores.
Una empresa que vale millones
Portillo Lima no ha tenido ningún impacto por incumplirle a los niños de San Marcos. Su registro ante el RGAE del Ministerio de Finanzas está intacto. El 1 de octubre de 2026 esta entidad emitió su constancia de inscripción y calificación que le habilita para proveer obras a entidades del Estado por Q555.5 millones, porque está acorde a la “evaluación de la capacidad técnica y financiera del proveedor”.
Sin embargo, no hay forma de rastrear a la empresa más allá de los contratos que firma con las municipalidades. La empresa no tiene huella en el ámbito digital.
Multiservicios PL está precalificada para 18 especialidades, desde construcción, remodelación y mantenimiento de edificios, carreteras, sistemas de agua, saneamiento y drenaje hasta venta de materias primas agropecuarias y animales vivos, alquiler de maquinaria y paisajismo.
Por ello, lo contratan diferentes entidades para una variedad de servicios. Su empresa, que no tiene más dirección que Aldea El Barreal, Guastatoya, El Progreso, y no cuenta con página web ni alguna red social, ha multiplicado su capacidad de ejecución año con año.
En 2020 el RGAE lo habilitó para proveer Q44 millones y su primera obra fue colocar el balastro para una banqueta en la aldea Telemán, Panzós, uno de los municipios más pobres de Alta Verapaz, por Q44 mil 550.
En 2022 dio un salto y ejecutó Q16.5 millones. En 2025 ganó 70 proyectos por Q168.9 millones. Este año el monto de contratos que ha ganado alcanza los Q76 millones.
Más de Q50 millones de codedes
A Portillo Lima le concedieron 13 proyectos de codedes de 2024 a 2026. Todas las obras fueron contratadas por municipalidades de Alta Verapaz: dos en Chisec, dos en Tactic, cuatro en San Cristóbal Verapaz, tres en Raxruhá, uno en Senahú y otro en Lanquín. El monto en ejecución es de Q51.4 millones.
La mayoría de estos proyectos son de 2025 y 2026. En 10 ha logrado avances de más del 75% y hasta el 100% en la construcción de algunos mejoramientos de calles y escuelas. Otras dos escuelas y un camino rural tienen una ejecución del 9% y 34%, aunque todavía están dentro del plazo estimado. En todos los eventos, la empresa de Portillo Lima fue la única oferente.
Portillo Lima fue contactado vía WhatsApp y correo electrónico a los contactos que aparecen en sus más recientes contratos, pero por ninguna de las vías respondió. Es un proveedor conocido en muchas municipalidades e instituciones del país, pero al que no se le puede contactar por ninguna vía.
Sin controles y evasión de responsabilidades
Cuando se pregunta sobre los controles para evitar que los proveedores que incumplen sigan habilitados, el RGAE y la Secretaría de Coordinación Ejecutiva (SCEP) señalan que esto no es de su competencia.
El RGAE se creó en 2015 para combatir la corrupción en compras públicas y opacidad en el sistema de proveedores del país. Empezó a funcionar en 2018, pero ocho años después sigue sin tener acceso especial para cruzar datos con entidades clave. Ha suscrito acuerdos que están en “etapa de implementación” con la Superintendencia de Administración Tributaria, CGC, Organismo Judicial, Registro Nacional de las Personas o Registro Mercantil.
A través de una comunicación escrita vía el Departamento de Comunicación del Ministerio de Finanzas, el RGAE respondió que sus funciones se limitan a verificar la capacidad financiera y verificar la experiencia de los proveedores, y que “únicamente se realiza una función que no limita, excluye o sustituye el proceso de adjudicación que conlleva la calificación específica que deben realizar las instituciones del Estado, a través de sus unidades compradoras”.
En la misma línea se pronunció la SCEP, por medio del asesor de comunicación, Víctor Hugo Amézquita: “No podemos ser juez y parte y decir que encontramos algo malo. Los cocodes y la población son los responsables de hacer la auditoría”, asegura.
Además, amplía que colaboran con la fiscalización al implementar un código QR en los rótulos de las obras en construcción para que cualquier interesado revise la información.
El artículo 60 del Reglamento de la Ley de Compras y Contrataciones establece que la inhabilitación de las empresas proveedoras por incumplimientos es responsabilidad de la entidad que las contrata, y que la inhabilitación en Guatecompras también implica ese mismo estatus en el RGAE. La empresa de Portillo Lima sigue habilitada.
El procedimiento administrativo es lento y el Ministerio de Comunicaciones informó que todavía tiene pendiente liquidar el contrato para establecer el monto que la empresa debe reintegrar por los trabajos no realizados, calcular multas y ordenar la inhabilitación por un mínimo de dos años. El Ministerio es la entidad compradora y es la única que puede pedir que Portillo Lima quede bloqueado para ser proveedor.
“Los funcionarios tienen un rango amplio de arbitrariedad… En todas las instancias siempre hay posibilidad de «echar el muerto» por los incumplimientos a alguien más, porque la coordinación entre entes (RGAE, Ministerios, etc.) es mínima y muchas veces, no obligatoria”, explica Félix Alvarado, quien fungió como ministro de Comunicaciones del gobierno de Bernardo Arévalo durante siete meses de 2024.
Alvarado renunció al cargo en medio de severas críticas por la baja ejecución y las presiones para que saldara millonarias deudas. En su opinión hace falta voluntad política para interponerse ante los intereses económicos y políticos.
“Mientras no se revise el formato de contratación y se reforme el registro (de proveedores) va a ser difícil que automáticamente los malos contratistas sufran inhabilitación. Esto es un asunto de voluntad política, porque la misma laxitud de los sistemas puede servir para incluir actores (como pasa ahora), pero igualmente para excluirlos”, añadió. Alvarado señala que estos cambios no se realizan por el elevado costo político para los funcionarios que se atreven a tentar a los padrinos políticos de contratistas.
NOTA 10/Santa Apolonia, Chimaltenango
Tres hermanos se reparten obras por más de Q85M
Uno de ellos, Wenceslao Gudiel Buc Chutá además dividió, durante dos años y medio, su jornada laboral entre la oficina de planificación de Santa Apolonia y en ejecutar obra por medio de su constructora.
PorLorena Álvarez
19 de noviembre, 2026·Lectura de 7 min·Santa Apolonia, ChimaltenangoCopiar enlace
Adoquinamiento del sector de los Los Ruiz, obra adjudicada a la empresa Soproci de la familia Buc Saquil. El 15 de septiembre se recibió la oferta, el 17 se firmó acta de adjudicación y tres días después llevaron el adoquín. Foto: Sofía Menchú
Este año, cinco alcaldías han suscrito contratos con la Constructora De León. El de mayor monto suma cerca de Q5 millones y lo otorgó la municipalidad de Santo Domingo Xenacoj, Sacatepéquez. El proyecto consiste en construir nuevo pavimento y adoquín en una de sus entradas principales.
Este contrato lo firmaron el alcalde, David Aquino, y Wenceslao Gudiel Buc Chutá, propietario de la empresa, con sede en Chimaltenango.
Constructora de León cuenta con Q50.7 millones en adjudicaciones desde marzo 2023, cuando se constituyó. La más reciente, el 10 de septiembre, fue con la alcaldía de Santa Cruz Balanyá para mejorar el sistema de agua de la aldea Chimazat por Q2.6 millones.
Mientras a Buc Chutá le contrataban para ejecutar obras, principalmente de los proyectos del sistema de Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), también aparecía en el renglón presupuestario 011 como Oficial I en la Dirección Municipal de Planificación (DMP) en la alcaldía de Santa Apolonia, Chimaltenango, donde nació.
Se intentó contactarlo en la sede municipal y en la dirección de su empresa, pero no fue posible localizarlo. Tampoco atendió llamadas al número registrado en los contratos.
Félix Ajú, subdirector de la DMP de Santa Apolonia explicó que mucho del trabajo de la entidad es de campo y que desconocía si Buc Chutá aún laboraba ahí. En los registros públicos consta que de febrero de 2024 a agosto de este año, estaba en nómina y percibía Q4 mil 650 al mes.
Poco después de conversar con Ajú, la comuna respondió que mediante “el Acuerdo Municipal 16-2026, se declaró terminada la relación laboral con el señor Wenceslao Gudiel Buc Chutá en el cargo de Oficial de la DMP, por motivo de renuncia irrevocable”.
Un contratista con prohibición
Luis Linares, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies) explica que el artículo 80 de la Ley de Contrataciones prohíbe a los empleados estatales -como lo fue Buc Chutá- participar y tener adjudicaciones de este tipo de contratos. “La Contraloría General de Cuentas (CGC) debería investigar y declararlos nulos porque hay participación ilegal”.
Además de incumplir la ley, Linares señala que podría existir el delito de perjurio porque los oferentes presentan declaraciones juradas en las que se incluye una en la que aseguran carecer de las prohibiciones que establece esta ley.
En el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), Buc Chutá tiene vigente la constancia de precalificación, lo que Linares atribuye a la falta de controles y el posible pago de sobornos.
El Minfin indica que el RGAE no cruza información con el sistema de nóminas de las entidades públicas, descentralizadas y municipalidades (Guatenóminas) y que quienes estén contratados en el renglón 011 “no requieren inscribirse ni actualizar su información ante el RGAE”.
Wenceslao Gudiel Buc Chutá laboró en esta dependencia como oficial I de febrero de 2024 hasta agosto de este año. Al mismo tiempo, su empresa recibía contratos de varias comunas. Foto: Sofía Menchú
Linares asegura que las juntas de licitación de los procesos adjudicados a Buc Chutá pueden argumentar desconocimiento de que era trabajador municipal en su momento, aunque tienen la obligación de revisar los expedientes y verificar las declaraciones juradas. “La CGC deberá, si corresponde, presentar la denuncia ante el Ministerio Público”.
José García, asesor jurídico de la municipalidad de Santo Domingo Xenacoj, indica que la junta de licitación cuando recibe una oferta verifica que estén todos los documentos requeridos. Si cumplen y se acepta la oferta, se contrata. “Confiamos en lo que se declaró bajo juramento”, apunta.
Red empresarial
A principios de agosto, Buc Chutá, publicó en Guatecompras 19 documentos para participar en el proyecto NOG 31312934, para adoquinar la calle del sector Los Ruiz en Santa Apolonia: bases de licitación, especificaciones técnicas, modelo de oferta, estudios ambientales de factibilidad y la boleta del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
Este es uno de los proyectos que aprobó el Consejo Municipal de Desarrollo de Santa Apolonia. Tiene para 2026 una asignación vigente de Q23 millones 056 mil y la ejecución, hasta ahora, es del 36%.
Para adoquinar el sector Los Ruiz el 15 de septiembre, Soluciones Profesionales en Obras Civiles (Soproci) propiedad de Marvin Buc Saquil, entregó una oferta por Q1 millón 39 mil 500, tan solo Q500 mil por debajo del “costo estimado presupuestado por la municipalidad” y se adjudicó esa semana.
La empresa ya recibió, desde 2024, siete adjudicaciones que suman Q4.5 millones de la alcaldía de Santa Apolonia. En todas, Buc Saquil figuró como oferente único.
Soproci comparte con Carlota Yohana Buc Chutá, hermana de Wenceslao, y su empresa Construcciones M&E los servicios del contador Selvin Guillermo Chonay.
Boris Buc Chutá es propietario de la Constructora Buc. El y su hermano Wenceslao emplean como contadora a Sandra Yanet Sinaj Zamora. Ella, desde marzo trabaja como técnico en archivo en la Municipalidad de Jocotenango.
Según sus patentes de comercio, Soproci, Construcciones M&E y Constructora Buc están domiciliados en La Vega, Santa Apolonia, y la Constructora De León, en la 5a. Avenida 4-065 zona 1, Chimaltenango. Esa vía lleva al cementerio y el numeral no existe. Los comerciantes del área desconocen que opere una constructora en el lugar.
Constructora Buc obtuvo desde 2024, Q5.6 millones en contratos en las alcaldías de Palín, Santa Cruz Balanyá, San Martín Jilotepeque y Santo Domingo Xenacoj. Cada adjudicación se mantiene en el límite de compra directa de Q89 mil 990 para evitar licitaciones.
Carlota Buc registró su empresa en 2018 y sus contrataciones se diversifican en departamentos como Retalhuleu, Escuintla, Santa Rosa, Chimaltenango y Sacatepéquez, con más de Q130.7 millones adjudicados.
Eugenio Miza, coordinador de la Comisión de Probidad de Chimaltenango, indica que un estudio de 2025 reveló la existencia de redes de corrupción en el departamento vinculadas a algunos alcaldes. Los resultados de esa auditoría social se presentarán pronto y muestran cómo interactúan entre sí.
La dirección consignada de la Constructora de León es 5ª Avenida 4-065, zona 1 de Chimaltenango. Sin embargo, no existe. Foto: Sofía Menchú
Limitada competencia
Este año, Carlota Buc Chutá domina el ranking de proveedores en la alcaldía de Palín, Escuintla con Q22.8 millones adjudicados por tres proyectos. Wenceslao Buc Chutá ganó dos concursos y suma Q3.1 millones.
La constante en las adjudicaciones en Palín y otros municipios es que eliminó la competencia.
En agosto de 2025, en cinco eventos adjudicados en Palín, Carlota Buc ganó dos y Wenceslao Buc, una. Las otras dos fueron para Abner Juan José Morales Chavaruc, propietario de Constructora D&M, que presentó ofertas en los cinco eventos.
Esta constructora registra en su patente de comercio la misma dirección que la Constructora Morales, propiedad de Esvin Samuel Antonio Morales Charuc en San José Poaquil, Chimaltenango.
Una tercera empresa, Dual Master Construcciones, propiedad de Sergio Manuel Morales Charuc, hermano del anterior, recibió contratos por Q2.4 millones entre 2020 y mayo de 2025. En este momento, tiene incumplimientos tributarios.
D&M y Constructora Morales registran a Noe Toj Noj como contador, y en 2024 y 2025 recibieron adjudicaciones de la municipalidad de Santa Apolonia en concursos donde se presentaron como únicos oferentes.
Así se opera en todo el país, explica Miza. “Estas estructuras se apoyan entre sí para aprovecharse de los recursos públicos con precios altos, opacidad en la ejecución y están constituidos por operadores, testaferros y prestanombres”.
“Al final, no sabemos quién está detrás de la ejecución de la obra” amplía Miza. Y no descarta que haya, incluso, complicidad en algunos de casos por parte de representantes de la sociedad civil en los Codede.
VIDEO EXCLUSIVO
En un costado del auditorium municipal de Santa Apolonia se encuentra el adoquín que se colocará en la calle de tierra del sector de Los Ruiz, obra que los vecinos demandan desde hace 8 años.
SEGUNDA PARTE
CODEDES 2025
Seguimiento a las obras, adjudicaciones e infraestructura fiscalizadas en la entrega anterior del especial.
NOTA 11/Salcajá, Quetzaltenango
De aulas improvisadas a escuela: así cambió la vida
Hace un año, los niños del Cantón Marroquín recibían clases en una casa, en aulas de láminas de una antigua escuela. Hoy, estudian en un edificio de dos niveles. La comunidad demandó esta obra siete años.
PorMirna Alvarado
19 de noviembre, 2026·Lectura de 6 min·Salcajá, QuetzaltenangoCopiar enlace
Niños juegan fútbol en la escuela construida en el Cantón Marroquín, en Salcajá. El año pasado recibían clases en aulas improvisadas con techos de lámina. Foto: Henry Josué González
Desde las siete de la mañana, padres de familia y niños se congregan afuera de la nueva escuela del Cantón Marroquín en Salcajá, Quetzaltenango. Cada uno, mochila en mano se prepara para entrar a su aula. El hambre de aprender se refleja en sus sonrisas.
Manolito*, de ocho años, llega con su madre y hermana mayor. Camina entre brincos con una mochila azul de su héroe favorito, El hombre araña. Viste camisa blanca, suéter y pantalón azul. Todos visten igual.
El niño cursa primero primaria. Este año lee mejor, participa más y sus calificaciones cambiaron: pasó de obtener de alrededor de 60 puntos a 90. El giro comenzó cuando dejaron atrás el aula en la que su maestra debía atender a estudiantes de distintos grados.
En 2025, cuando Manolito ingresó a preparatoria, la docente tenía a su cargo a 45 alumnos en un aula multigrado que dificultaba brindar atención individualizada. En ese momento, notó que el niño tenía dificultades para aprender.
Con el traslado a las nuevas instalaciones, en un aula espaciosa que comparte con otros 16 estudiante de primer grado, la maestra pudo comprender, desde el primer trimestre, que Manolito, tenía dificultades de audición y eso le generaba problemas de aprendizaje: no comprendía el sonido de la vocales y consonantes.
En mayo, durante una jornada de salud promovida por el Club de Leones de Quetzaltenango, obtuvo un aparato auditivo que ahora le permite distinguir el sonido de cada letra y la formación de las palabras. Puede seguir las explicaciones en clase.
Más atención para todos
De acuerdo con la directora del establecimiento, Lourdes Mariceli Ovalle, el edificio nuevo mejoró la calidad de vida de los estudiantes. “Antes los niños jugaban en el polvo. Sentían frío en aulas improvisadas con fugas”, mencionó.
“
“Antes los niños jugaban en el polvo. Sentían frío en aulas improvisadas con fugas”
Lourdes Mariceli OvalleDirectora de la escuela del Cantón Marroquín, Salcajá, Quetzaltenango.
William Roberto García es también profesor de primero primaria. El año pasado tenía a su cargo a estudiantes de dos grados. “Sufríamos bastante con las inclemencias del tiempo, tanto en el edificio antiguo como en el improvisado. Los niños se enfermaban”, cuenta.
García ahora solo atiende a 19 alumnos, en comparación con 35. “Puedo dedicarle más tiempo a cada uno. Además, como el aula es más amplia, podemos hacer actividades más expresivas. Este año no he tenido deserciones”. Muchas de ellas, recuerda, eran por enfermedad.
En preprimaria tampoco ha habido abandonos. María Antonia de León Hernández es profesora de niños de entre cuatro y seis años. Antes, apenas podía hacer actividades que requerían movilidad,“nos limitábamos a pintar o dibujar. Ahora nos tiramos al piso para trabajar en grupos”, cuenta.
Tanto en primaria como preprimaria, los docentes agradecen tener más espacio para poder desarrollar actividades que van más allá de pintar sobre un escritorio pequeño. Foto: Henry Josué González
El camino recorrido
El antiguo edificio tenía 52 años cuando las autoridades aprobaron construir uno nuevo. En el especial de Ojoconmpisto “40 obras bajo la lupa” de 2025, se prestó atención a este proyecto.
Le correspondió el NOG 23353023, “Mejoramiento de la Escuela Primaria Oficial Rural Mixta” del cantón Marroquín II y estuvo a cargo de la empresa Multiservicios PL.
La obra tuvo un costo total de Q7 millones 048 mil 327. La mayor parte del financiamiento (Q4.5 millones) fueron fondos asignados al Consejo Departamental de Desarrollo (codede). La municipalidad aportó Q2.4 millones y la comunidad, otros Q50 mil.
Los alcaldes comunitarios y los integrantes del cocode tuvieron que superar varios obstáculos para que se construyera la escuela. De no ser tomados en cuenta por las autoridades comunitarias o el concejo municipal hasta retrasos en los expedientes.
En 2023, cuando las grietas en el techo de la antigua escuela no pudieron ocultarse más, el Consejo Municipal de Desarrollo (comude) aprobó incluir la obra en el listado de proyectos 2024 financiados con los fondos codede.
El contrato se cumplió: la escuela del Cantón Marroquín cuenta con rampas, baños para personas con discapacidad, mobiliario nuevo para niños y docentes, cocina, cancha, jardín con juegos, rampas, drenajes, agua potable, electricidad, grama sintética, parqueo y dos fajas de agua. “Eso es por si alguna vez nos hace falta la de la rama principal de la comunidad. Tenemos otra alternativa”, afirma la directora.
Vista aérea de la escuela del Cantón Marroquín. El siguiente paso será techar la cancha. A este proyecto lo demandó la comunidad siete años. Foto: Henry Josué González
Lo que hace falta
A las diez de la mañana del viernes 25 de septiembre, los niños de preprimaria salen al jardín a refaccionar: estofado de res con arroz blanco, tamalitos y atol. Muchos de ellos se sentaron en el césped, otros en los quioscos.
“Antes no podíamos darles una alimentación así de elaborada porque no teníamos cocina apta”, comenta la directora.
Media hora después, salieron los estudiantes de primaria. Invadieron la cancha mientras sus maestros recomendaban precaución porque había vestigios de la lluvia caída la noche anterior. “Esto nos falta”, dijo la directora al alzar la mirada - “ponerle techo para evitar los charcos y las quemaduras del sol cuando hace calor”.
La propuesta para ello, cuenta, ya se trasladó a las autoridades comunitarias. Pero como esta es una obra recién entregada, aun tiene vigente la “garantía de la obra”. Ello implica que durante año y medio la escuela no puede ser intervenida a menos que haya fallas en su construcción. “Por ahora no podemos ni poner un clavo. Por eso los carteles están pegados. Cuando venza el plazo tocaremos las puertas necesarias para techar la cancha”, indica la directora.
También se necesitan mejoras para el laboratorio de computación y equipo adicional ya que, de momento, lo deben compartir.
Más cerca, más fácil
“Hoy caminamos cerca de 20 minutos de la casa para la escuela. Antes, como en esta no había espacio, teníamos que ir a otra escuela en el centro de Salcajá lo cual implicaba gastos y tiempo”, cuenta María Soj, madre de familia.
María Marroquín, quien además de ser mamá de alumnos forma parte del equipo de cocineras, explica que antes usaban cocinas particulares y la refacción se transportaba en carretillas.
El papel de las autoridades comunitarias en la gestión de la escuela no terminó con la inauguración. El vínculo con la comunidad educativa se fortaleció y por ello, estas instalaciones las usan como centro de reunión de los alcaldes comunitarios y el cocode del Cantón Marroquín.
“Este sector no cuenta con un salón comunal. Así que las reuniones de la comunidad se celebran acá. Cuando no hay lluvia usan la cancha y cuando hace frío un aula. Así agradecemos por la gestión que realizaron para que estudiantes y maestros estemos en un lugar bonito y mejor”, finaliza la directora Ovalle.
*Nombre cambiado para proteger su identidad
TESTIMONIO EN VIDEO
Video: Declaraciones de la directora del establecimiento del Cantón Marroquín, Lourdes Mariceli Ovalle.
NOTA 12/Santa Cruz del Quiché, Quiché
Empresa retoma obra de alcantarillado que abandonó
Un proyecto que debía tardar en ejecutarse cinco meses ahora está proyectado para 29. En el sector Chorecales de Santa Cruz de El Quiché, los vecinos cuestionan que la empresa retomó el proyecto cuando se reporta más lluvia y podría generar nuevamente atrasos.
PorShirlie Rodríguez
19 de noviembre, 2026·Lectura de 6 min·Santa Cruz del Quiché, QuichéCopiar enlace
Desde hace 20 años, los vecinos del sector Chorecales en Santa Cruz, El Quiché esperan su alcantarillado. El proyecto debió finalizar en junio de 2025, se paralizó y retomó en septiembre de 2026. Foto: Henry Josué González
Celeste Vásquez sale de su casa ubicada en el sector Chorecales, zona 2, en Santa Cruz de El Quiché. Va preparada con tenis y una sombrilla; tiene que recorrer unas cuadras más de lo normal para tomar un bus porque el paso por el sector es nulo para vehículos. Hace dos semanas, la empresa Construartes La 12 ha retomado el proyecto de la ampliación del sistema de alcantarillado sanitario después de 18 meses de paralización.
Vásquez comenta que desde entonces no pueden ingresar ni salir vehículos del lugar. Su hija, cuenta, ahora toma diferentes medidas, como cambiar su horario para salir con antelación y usar el transporte público para llegar a tiempo a la institución en la que trabaja.
A pesar de que Celeste Vásquez “agradece a Dios” que se haya retomado el proyecto, pide a los encargados que tomen en cuenta la circulación de los vecinos, porque ni siquiera establecieron una ruta segura para peatones y el riesgo de caer en los agujeros que abrieron es latente.
El proyecto “Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario sectores El Bosque y Javier García, Los Chorecales zona 2” fue adjudicado en enero de 2025 para ejecutarse en cinco meses; quiere decir que debía estar terminado en junio de ese mismo año.
Pero esto no sucedió, durante el siguiente año y medio se retrasó el proyecto y se solicitó a la Municipalidad de Santa Cruz una ampliación del plazo. Fue hasta el 5 de octubre de este año que se actualizó la información en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia y la boleta del proyecto ya establece que serán 29 meses en los que se ejecutará este sistema de alcantarillado en Chorecales.
El contrato que hizo la Municipalidad con la empresa establecía que podía hacer una única ampliación del plazo para ejecutar el proyecto. Se consultó a la comuna de Santa Cruz sobre el proceso que se realizó para estas modificaciones, pero no respondieron a llamadas o mensajes. Se buscó al alcalde Nery Alfonso Ramírez en su despacho, pero informaron en la recepción que atendía cada ocho días a la población. Al indicarle que se trataba de información para la prensa indicaron que desconocían cuándo volvería a su oficina. “Ese día o al siguiente; no tiene horario,” indicaron.
Un vecino que prefirió no identificarse vive a unos 30 metros de donde están haciendo los trabajos y mencionó que llevan varios meses con más problemas de los que está causando el proyecto. Enlistó la acumulación de agua en las zanjas que abrieron el año pasado, el lodo pastoso que les dificulta la movilidad en vehículo y a pie, el cierre de calles y la proliferación de moscas que podría causarles enfermedades.
En la Dirección Municipal de Planificación de Santa Cruz, El Quiché, nadie quiso explicar por qué se retrasó el proyecto. Argumentan que el contrato contemplaba una prórroga y ésta se concedió. Foto: Henry Josué González
Cuestionan a la empresa
Los vecinos del sector señalan que durante más de dos décadas han esperado un proyecto así, por esta situación, el Consejo Comunitario de Desarrollo fue clave en este proceso. Aportaron Q375 mil para la construcción de una planta de tratamiento y para colocar una tubería se les solicitó Q750 mil. Estos aportes se hicieron a través del trabajo comunitario y aportes de vecinos.
Leonel Villatoro mencionó que los vecinos han dado aportes al Cocode y agradecen el trabajo de gestión que han realizado en los últimos años, pero cuestiona que la empresa esté haciendo su trabajo con la eficiencia necesaria. Comentó que se está retomando el proyecto en un momento del año en el que se incrementaron las lluvias.
El vecino relató que durante los días de lluvia se acumula el lodo y hay agua estancada en las calles que no están pavimentadas.
“La falta de los drenajes nos ha afectado siempre. Hace dos años tuvimos que ayudar a una vecina que es maestra; tuvo que mudarse porque a su casa entró el agua y le era imposible vivir en el lugar”, contó.
Señaló que en su familia también tuvieron un problema similar. La casa de su suegra se inundaba y ya no puede vivir en el lugar. Tuvieron que alquilar otra casa a pesar de tener una propia, lo cual les genera más gastos, pero el agua les llegaba a las rodillas y permanecer en el inmueble era imposible.
“Voluntad de la autoridad y la empresa no hay. Los políticos hacen proyectos solo donde caminan y por eso tardan en hacerlos. Nosotros aportamos también para este proyecto que no terminará beneficiándonos a nosotros porque ya estamos grandes, sino que será para mis hijas”, dijo.
La empresa Construartes La 12 fue consultada con respecto a las causas que provocaron la paralización del proyecto, si cuentan con el personal y la planificación necesaria para concretar el proyecto en el plazo establecido, pero hasta ahora no hay respuesta a las consultas.
Andrés Sotoj señala que el proyecto está a paso lento y que podrían estar en un plan de trabajo de 22/8, lo cual significa que trabajan días seguidos y descansan ocho, lo cual aplazará más el tiempo para terminar.
“Me pregunto por qué empiezan a trabajar cuando empieza la temporada de lluvia. ¿Será una estrategia para que el plazo se alargue y entonces quizás ganar tiempo y cobrar más? Es algo que no puedo asegurar, pero siempre suelen hacer lo mismo”, señaló.
Al visitar el lugar donde se ejecuta el proyecto, se observó a un solo trabajador, quien a paso lento retiraba tierra con una carretilla de uno de los agujeros. Dos excavadoras permanecían en el lugar sin usarse.
Los vecinos piden, ahora, que se establezcan rutas seguras para transitar por el área en la que retomaron los proyectos. Foto: Henry Josué González
Niegan respuestas
Isabel Calderón Ruíz, directora de la Dirección Municipal de Planificación, fue cuestionada sobre las causas que llevaron a que contrataran a la empresa que tiene antecedentes de retrasos en proyectos de Santa María Nebaj, Quiché.
La funcionaria se negó a dar una entrevista porque señaló que el alcalde se lo prohibía, que la única vía era a través de Comunicación Social de la comuna, cuando esta entidad ya había trasladado la responsabilidad a Calderón Ruíz, pero se mantuvo en negativa y dijo que no iba a dar ninguna información.
Mientras tanto, Celeste Vásquez, Leonel Villatoro y los más de 2 mil habitantes del sector esperan que esta vez sí cumplan con el proyecto, pero piden el compromiso de la autoridad y la empresa para concretarlo. Además, solicitan no abrir más agujeros sin antes terminar con los que ya están hechos, ya que es riesgoso para la población el transitar por el lugar.
COBERTURA EN EL TERRENO
Zanjas abiertas, maquinaria paralizada y testimonios de los vecinos de Los Chorecales que enfrentan las lluvias sin alcantarillado. Video: Henry Josué González, Ojoconmipisto.
NOTA 13/Actualización · CODEDES 2025
Un año después, cinco de las 40 obras siguen en proceso
Durante 2025, el equipo de Ojoconmipisto dio seguimiento a 40 proyectos municipales financiados con fondos públicos asignados a los Consejos Departamentales de Desarrollo. Esta es la actualización.
PorDaniel de León
19 de noviembre, 2026·Actualización de datos·NacionalCopiar enlace
Esta fotografía fue tomada en octubre de 2026. Así luce el proyecto “Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario sectores El Bosque y Javier García, Los Chorecales final zona 2”, en Santa Cruz del Quiché, que debía estar terminado en junio de 2025. Foto: Henry Josué González
El proyecto “40 obras bajo la lupa – codede2025” dio seguimiento a 40 proyectos municipales en 16 departamentos. Aunque la muestra no es representativa, permite identificar patrones recurrentes en el país: errores en la planificación, concursos con un solo oferente, obras priorizadas por los alcaldes e información desactualizada, entre otros.
El equipo de Ojoconmipisto visitó 21 de las 40 obras para constatar su avance, conversar con los representantes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (cocode), así como verificar la información disponible en los portales públicos.
Los resultados se presentaron en octubre de 2025. Un año después, cinco obras están inconclusas y una ya fue inaugurada, pese a que en Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) registra un 81.45 % de avance físico.
40 Obras
6 en ejecución
Q210,439,620.36
Presupuesto vigente
Q163,332,863.00
Monto Pagado
77.62%
Transferido a las alcaldías
34
Proyectos finalizados
Fuente: Portal Transferencias Codede y Transparencia Presupuestaria · Actualizado al 26 de octubre de 2026.
En esta herramienta encontrarán información sobre los 40 proyectos de 2025, financiados con fondos del Consejo Departamental de Desarrollo.
El año pasado, el gobierno central asignó un aporte extraordinario de Q5,012 millones a los codede. Este monto se sumó a los Q4,299 millones que las municipalidades recibieron por concepto de IVA-Paz y a Q2,992 millones no ejecutados en 2024.
Los Q12,303 millones —una cifra mayor que la asignada al Ministerio de Gobernación para 2025— deberían financiar proyectos en las 340 municipalidades. De esos fondos se ejecutó un 62.19 %.
Aquí pueden explorar y visualizar el monto contratado, los desembolsos realizados por el Ministerio de Finanzas Públicas y el avance físico de cada una de las obras.
Para navegar, hagan clic en cada punto del mapa para desplegar información específica. También pueden filtrar la información por departamento y municipio.
Avance físico y financiero de las 40 obras bajo la lupa
NOTA 14/Nacional · Codedes 2025
Codede2025: Sin una ruta clara para sancionar incumplimientos
La SCEP prepara controles, Segeplan elabora medidas de seguimiento y el Minfin destaca sus herramientas de información. La Contraloría no reporta sanciones por incumplir la obligación de instalar cámaras.
PorMauricio Álvarez
19 de noviembre, 2026·Lectura de 5 min·NacionalCopiar enlace
La tercera reunión del Conadur se celebró en junio de 2026, en el Palacio Nacional. Foto: Presidencia
En 2025, Ojoconmipisto centró su atención en 40 obras financiadas con fondos asignados a los codede y ejecutados por las municipalidades. El seguimiento permitió identificar problemas y observar el papel de las distintas instituciones involucradas en la ejecución de los proyectos.
La Comisión Nacional contra la Corrupción (CNCC) tomó nota de los hallazgos y envió un oficio a tres instituciones: la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP), encargada de dar lineamientos y seguimiento a las obras de los codede; la Secretaría General de Planificación (Segeplan), que otorga los avales a las municipalidades; y el Ministerio de Finanzas, que traslada los recursos a los gobiernos locales. El objetivo era compartir los resultados del monitoreo.
El letrero corresponde al proyecto de San Miguel Chicaj, la construcción del puente peatonal (SNIP 359746). La obra ya fue inaugurada. Foto: SCEP.
Qué se vio en el campo
Ojoconmipisto publicó en 2025 el especial 40 obras bajo la lupa, que examinó proyectos en 40 municipios de 16 departamentos. El reportaje identificó problemas de supervisión, poca transparencia y escas competencia en las contrataciones. De las obras analizadas, 34 tuvieron un solo oferente, el 85 % del total. Al 17 de octubre de 2025, solo 15 habían concluido.
A partir de estos hallazgos, la Comisión Nacional contra la Corrupción trasladó en junio de 2026 recomendaciones a la SCEP, a Segeplan y al Minfin. No incluyó a la Contraloría General de Cuentas (CGC) por ser una entidad descentralizada y a las municipalidades.
Ojoconmipisto consultó a las entidades sobre las medidas tomadas.
Diez recomendaciones para mejorar el control
La comisión planteó diez medidas para fortalecer la gestión de los proyectos:
Mejorar la planificación: fortalecer la capacidad técnica y financiera de las Direcciones Municipales de Planificación (DMP).
Ampliar la supervisión: aumentar el número de supervisores de la SCEP para facilitar visitas mensuales.
Fortalecer a los cocode: ampliar su participación en la priorización de las obras.
Capacitar a los consejos de desarrollo: enseñar a sus integrantes a consultar información pública y utilizar herramientas como Guatecompras y el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
Promover auditorías sociales: facilitar la participación ciudadana con apoyo de organizaciones civiles y medios de comunicación.
Integrar la información: reunir en una plataforma los datos sobre avances físicos y pagos de los proyectos.
Aplicar sanciones: establecer consecuencias por incumplimientos relacionados con las cámaras, los rótulos y la publicación de información.
Reforzar la fiscalización preventiva: involucrar a la Contraloría en el control de las obras antes de su conclusión.
Promover la competencia: incentivar la participación de más empresas en los concursos públicos.
Verificar a las constructoras: reforzar la revisión de su capacidad técnica, financiera y experiencia.
Entre las actividades que promovió la CNC está el taller “Herramientas electrónicas y participación ciudadana para la auditoría social en el SISCODE”, organizado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Foto: Comisión Nacional contra la Corrupción.
SCEP prepara nuevas herramientas
Ana María Méndez, subsecretaria ejecutiva de la SCEP, explicó que la institución trabaja en una estrategia denominada Supervisión 360 para mejorar los controles y unificar los criterios de los equipos técnicos.
La funcionaria indicó que la SCEP contaba con 109 supervisores y preveía contratar más personal durante 2026 para alcanzar la meta de 150. También señaló que las distancias entre los proyectos y la falta de vehículos dificultan las visitas periódicas. Por ello, la secretaría adquirió 50 picops y cuatro camionetas por Q13 millones.
La SCEP creó una herramienta para detectar si una misma fotografía aparece en los expedientes de distintas obras, lo que permitiría identificar posibles irregularidades en los reportes. También prepara una guía para que los supervisores revisen y documenten los proyectos con los mismos criterios.
Sin embargo, Méndez reconoció que monitorear las cámaras de los proyectos aún no figura entre las prioridades de la SCEP. Señaló que trasladará el tema para incorporarlo en la estrategia de supervisión.
El artículo 89 del Decreto 36-2024 establece que los contratos de obras públicas mayores de Q900 mil deben incluir sistemas de grabación digital y cámaras IP para transmitir en tiempo real el avance de los trabajos. También ordena llevar un registro electrónico de la ejecución, actualizado cada mes.
En respuesta a una solicitud de información pública de Ojoconmipisto, la Contraloría informó que no impuso sanciones a municipalidades por incumplimientos de ese artículo durante el período consultado, que comprende desde 2025 hasta el 15 de septiembre de 2026.
El Ministerio de Finanzas habilitó el tablero para fiscalizar desembolsos de proyectos que se financian con fondos de los codede. Este reúne información de Segeplan (SNIP) y Guatecompras. Foto: Ojoconmipisto
Las acciones de Segeplan y Minfin
Segeplan informó a Ojoconmipisto el 21 de octubre de 2026 que recibió las recomendaciones trasladadas por la CNCC. Su Dirección de Análisis y Seguimiento de la Inversión para el Desarrollo examinó las propuestas relacionadas con sus competencias.
La institución prepara un documento para fortalecer sus procesos. Entre los temas que contempla figuran el acompañamiento técnico en los territorios, la evaluación de proyectos y la mejora de los mecanismos de información y seguimiento. Segeplan no precisó fechas para aplicar las medidas.
El Ministerio de Finanzas Públicas destacó el tablero público que permite consultar las transferencias a los codede por departamento y municipio, así como el destino de los recursos.
La cartera señaló que Guatecompras está conectado con el SNIP, que administra Segeplan. Esto permite verificar que el código de cada proyecto coincida con el registrado al elaborar las bases de contratación. Sin embargo, reconoció que aún es necesario mejorar la conexión entre los sistemas para facilitar el seguimiento y la fiscalización de las obras.
Sobre la capacidad de las constructoras, Finanzas explicó que el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) revisa aspectos como la experiencia, la especialidad y la capacidad técnica y financiera de los proveedores. Sin embargo, aclaró que cada entidad contratante debe establecer los requisitos de cada concurso y comprobar que las empresas los cumplan.
En cuanto a las cámaras, los rótulos y la publicación de información en Guatecompras y el SNIP, el Minfin dijo que la Contraloría tiene la facultad de sancionar los incumplimientos relacionados con las cámaras y el historial electrónico de ejecución.
Las instituciones reportan que hay nuevas herramientas y medidas para fiscalizar las obras, pero no precisaron cómo se coordinarán para prevenir y sancionar los incumplimientos. La falta de sanciones por parte de la Contraloría deja pendiente uno de los mecanismos de control previstos para vigilar la ejecución de las obras financiadas con fondo de los codede.
TERCERA PARTE
ENSAYO Y PODCAST
Análisis histórico y estructural del Sistema de Consejos de Desarrollo (Siscode) en Guatemala.
NOTA 15/Ensayo periodístico
Siscode, participación ciudadana en teoría, cooptación en la práctica
El Sistema de Consejos de Desarrollo se ve debilitado por la cooptación, el clientelismo y fallas en su estructura, pese a los avances en la participación ciudadana, la transparencia y esfuerzos por mejorar su funcionamiento.
PorMirja Valdés
19 de noviembre, 2026·Ensayo de investigación·NacionalCopiar enlace
Este ensayo periodístico contó con el apoyo del Accountability Research Center, American University, Washington DC, USA.
Tercera reunión de Conadur celebrada en junio de 2026 en el Palacio Nacional de la Cultura. Foto: Presidencia
Si en vez de un país Guatemala fuera una empresa, el Sistema de Consejos de Desarrollo (Siscode) sería el modelo que incluye a sus empleados para decidir cómo invertir el dinero. Desde el personal de campo hasta el gerente, todos, participarían en el proceso de priorizar proyectos de beneficio para la mayoría.
Pero Guatemala es un país. Cuenta con ciudadanos y autoridades (locales o municipales, departamentales, regionales y nacionales) que se organizan para decidir cuáles serán los proyectos de desarrollo que se deben impulsar.
Deficiencias debido a la cooptación y la corrupción por el desvío de recursos públicos a través de los consejos de desarrollo. Desde el Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode), el Consejo Municipal de Desarrollo (Comude) y el Consejo Departamental de Desarrollo (Codede).[2]
Ejemplos sobran. La escuela de párvulos de la colonia Banvi de Zacapa debían terminar los trabajos de remozamiento en octubre de 2025, pero, a esa fecha, faltaba el 40 % para concluir. Hubo errores en la planificación. O el puesto de salud en el caserío Fraternidad de San Felipe, Retalhuleu, previsto para concluir en cuatro meses, lleva diez y aún no termina. Por cierto, el propietario de la constructora a cargo es un profesor de enseñanza media de 30 años, convertido en un empresario millonario en los últimos cinco años.
Con base en la evidencia de cientos de obras como la escuela y el centro de salud, el gobierno actual a cargo de Bernardo Arévalo,[3] se enfocó en la designación de los gobernadores departamentales.
Por primera vez, el proceso se abrió: la convocatoria fue pública para que cualquier ciudadano pudiera postularse a fin de encontrar perfiles transparentes, idóneos y sin vínculos de cooptación con las estructuras políticas o los negocios. Asimismo, cualquier persona pudiera denunciar, si fuera el caso, a aspirantes implicados en casos de corrupción.
¿Por qué? Porque dentro de la estructura del Siscode, quien ocupe el cargo de gobernador dirige el codede, donde se deciden las obras y se distribuyen los recursos, es decir, el dinero.
El presidente Arévalo se reservó el derecho de rechazar las ternas recibidas si consideraba que los candidatos no cumplían con los criterios de idoneidad y confianza pública. Y dijo el 20 de marzo de 2024: “vamos a entrar en un proceso de transformación del marco regulatorio para asegurarnos que, en un futuro, la cooptación corrupta que alcanzó distintos niveles del Estado, incluyendo los consejos de desarrollo, ya no pueda tener lugar”.
El proceso despertó el interés de la ciudadanía que veía con desconfianza el funcionamiento del Siscode.
Víctor Hugo Godoy, a cargo de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP), tiene claro el momento en que –en sus palabras– “principian los males del sistema”: cuando se le dota de recursos. “Era (es) como quien dice, ´miren, el año entrante la piñata va a ser de este tamaño y tenemos que gastárnosla´”. Esto sucedió durante el gobierno de Ramiro de León Carpio, con un primer aporte de Q20 millones.Para el ejercicio fiscal 2025, el monto asciende a Q12 mil 246 millones.
Los antecedentes de este tipo de organización se remontan al terremoto de 1976. El gobierno de turno se dio cuenta de que había que coordinar a la población para reconstruir.
Antecedentes:
Organizarse para superar la catástrofe
La madrugada del 4 de febrero de 1976 la zona central de Guatemala fue sacudida por un terremoto de 7.5 grados. Murieron más de 23 mil personas y resultaron damnificadas más de 1 millón.
En ese momento, el gobierno de Kjell Eugenio Laugerud García (1974-1978) precisó de la ayuda de la organización comunitaria,[4] vedada en esa época, pero necesaria para enfrental el nivel del desastre.
–¿Por qué estaba vedada la organización comunitaria?
–Estábamos en un contexto de conflicto armado interno en el que las organizaciones sociales no estaban permitidas. La visión del dictador en turno era que el desarrollo no iba a venir de las comunidades, sino de arriba para abajo, como él decidiera establecerlo.
Quien lo explica es la socióloga política Ana Eugenia Paredes Marín. “También se usó a las poblaciones para operativizar las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC)”[5]. Se trata del antecedente de organización comunitaria forzada que empleó el Estado.
Pero debido al terremoto de 1976 se creó el Comité de Reconstrucción Nacional, el cual quedó bajo la dirección de militares. El ministro de la Defensa Nacional de Laugerud era Romeo Fernando Lucas García,[6] años después presidente (1978-1982) y depuesto por un golpe de Estado.[7]
En los gobiernos de corte militar agrupar a los ciudadanos no tenía el objetivo de fomentar su participación. Era un mecanismo de control. El caso típico era el área Ixil: control y expropiación.[8]
Sin embargo, el modelo de organización sirvió de base para el primer diseño del sistema de consejos de desarrollo. “Cuando discutimos la Constitución, lo que (vimos que) funcionaba eran esas Coordinadoras Institucionales,[9] pero desmilitarizadas”, contó Godoy, el secretario de la SCEP. Él fue integrante de la Asamblea Nacional Constituyente (1984-1986) y diputado por el Partido Revolucionario (PR) durante el período 1986-1991, cuando se emitió el decreto 52-87, la primera Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.
El teórico de la Democracia Cristiana (DC), René de León Schlotter, profundizó en el tema de la participación ciudadana. Sin embargo, en la transición no tuvo mayor impacto, sino que lo tuvo el vicepresidente, Roberto Carpio Nicolle. “Él fue el ideólogo para institucionalizar los consejos”, asegura Rokael Cardona, doctor en sociología y en los ochenta técnico en temas municipales. Por “ideólogo” se refiere a quien empujó la discusión para crearlos.
Carpio Nicolle también conformó el Comité de Gerencia Presidencial; de ahí la relación con Cardona, por entonces gerente del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Esta institución, desde entonces, capacita, entrena y profesionaliza a funcionarios y trabajadores públicos por medio de cursos, diplomados y maestrías que imparte para mejorar el funcionamiento del gobierno.
El INAP capacitó a los primeros consejos departamentales de desarrollo. Las instancias de coordinación y participación ciudadana a nivel de cada departamento, donde participan alcaldes, representantes de entidades públicas y de sociedad civil las presiden los gobernadores departamentales.
La administración de Vinicio Cerezo echó a andar el Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (SCDUR) para canalizar en doble vía las demandas y necesidades de los guatemaltecos al Gobierno y comunicar los planes y proyectos del Estado a las personas.
Pero tenía “demasiados detractores”[10], según Cardona. Desde la izquierda lo veían como un instrumento del partido gobernante, la DC, para perpetuarse en el poder a partir de las elecciones municipales de 1988 y presidenciales de 1990. Y desde la derecha temían que los consejos locales de desarrollo fueran focos de movilización social o base de apoyo a la guerrilla.
Uno de los críticos fue Jorge Serrano Elías.[11] En mayo de 1988 el modelo SCDUR quedó suspendido por la Corte de Constitucionalidad. “Él promovió una inconstitucionalidad y la ganó”, recordó Cardona.
Su argumento se sustentaba en que los artículos relativos a los consejos locales violaban la autonomía municipal. En esa época, Serrano Elías consolidaba su carrera política de cara a las elecciones presidenciales de 1990, de las que salió vencedor con el partido político Movimiento de Acción Solidaria (MAS).
“Se cometieron errores (de redacción) en la ley porque no se le dio su lugar a la autonomía municipal. El Estado arbitrariamente llegaba y decía ´aquí voy a crear un consejo y aquí voy a crear otro´. ¿Y las municipalidades? No tenían voz ni voto”, reitera Cardona.
El secretario de la SCEP tiene un ejemplo de 1996. El Frente Democrático Nueva Guatemala (FDNG) ganó solo una alcaldía, la de Colotenango, Huehuetenango, y once diputaciones.[12] El gobierno de Álvaro Arzú dio Q40 millones a una organización no gubernamental (ONG, a las que se referirá de su participación más adelante) para los drenajes del municipio. Gracias a la discrecionalidad que se tenía, pasó por encima de la municipalidad.
El inicio del clientelismo
Dentro de los consejos se crearon las figuras que continúan a la fecha: un secretario y un director ejecutivo. “Hubo un consejo regional muy potente en ese momento, el del departamento de Guatemala. Su presidente era Danilo Barillas,ex secretario político de la DC, cuyo nombre se mencionaba como aspirante a la alcaldía capitalina. Los consejos llegaron a tener poder. A Barillas lo mataron 1989, y el hecho retrajo el liderazgo, fue el primer crimen político de la era democrática”, según el informe Guatemala memoria del silencio.[13]
“Fue un gran golpe. Desde entonces, los consejos se convirtieron, como lo son hasta ahora, en espacios muy tecnócratas”.
–Rokael, ¿a qué se refiere con tecnócratas?
– A que no hay una discusión política del desarrollo o sus tipos. En su mayoría, no tenemos más que proyectos de infraestructura.
La queja de Cardona es que los técnicos no consideran la visión política o el impacto social de los proyectos y, a falta de debate sobre el desarrollo, estos se limitan a obras físicas. A ello, debe sumarse la carencia de líderes políticos locales fuertes y capaces.
Belinda Ramos y Mario Sosa Velásquez,[14] en “Consejos de desarrollo y participacion ciudadana en Guatemala 1985-2009”, mencionan que desde ese momento (1989), el Ministerio de Desarrollo Urbano y Rural perdió funcionalidad[15]. El Congreso lo suprimió en abril de 1995 tras nueve años de existir.[16] Esta entidad se ocupaba de planificar y ejecutar las políticas sociales y de desarrollo del gobierno, enfocándose en la descentralización y la lucha contra la pobreza.
Los creadores del modelo lo creían bueno, pero el resto de personas no tanto. La gente no veía que eso sirviera para algo, recuerda Godoy, el actual secretario de la SCEP.
El Ministerio de Desarrollo Urbano y Rural tenía promotores para organizar a la población, “pero la cosa en la realidad no funcionaba”. No funcionaba porque Guatemala tenía presente el militarismo y la represión, que no favorecían a la organización social. Por más que les prometieran que sería distinto, no lograban convencer a los guatemaltecos.
Por lo que el presidente De León Carpio consideró que había que dotar de recursos a los consejos de desarrollo para que estos avanzaran, mediante un fondo social.
“Era, digamos, un capital semilla para que la gente se juntara y comenzara a pensar qué hacer con ese dinero, que eran Q20 millones en aquel entonces”. Ahora son miles de millones, compara el secretario de la SCEP.
Godoy hace una pausa y, con sus manos, refuerza que se adelanta al año 2002, cuando se acordó que en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural se conocieran los montos de inversión: “el tamaño de la piñata (…) Y ese es parte del problema”, identificó.
El mal estuvo en el diseño: “se volvió una obligación del Estado a cargo del Tesoro, administrada por el Ministerio de Finanzas, cuando lo que se quería era dar un incentivo para que la gente participara”. Y comenzó el clientelismo.
El actual titular de la SCEP se refiere a las negociaciones para las ternas a gobernador departamental, que “trajeron toda una serie de malas prácticas que arruinaron el sistema de consejos de desarrollo”, de ahí la razón por la que la administración de Arévalo se enfocó en hacer pública la trayectoria de aspirantes al cargo.
Entre 1990 y 1997, el dinero se entregaba a las ONG para ejecutar obras con ese dinero. “De repente se pensó que era un desperdicio y decidieron darlo a las municipalidades porque los ministerios habían perdido la facultad de ejecutar. Y ese es el problema que tenemos ahora”.
Godoy cita al psicólogo social holandés Geert Hofstede y su modelo de Dimensiones Culturales. Los guatemaltecos, dice, tienen dos características, “la primera es que somos colectivistas”. Las personas se definen por su pertenencia al grupo y se espera que este los proteja a cambio de esa lealtad, por ejemplo, los 48 Cantones de Totonicapán.
La segunda es que se guarda distancia del poder: La sociedad acepta y espera que esté distribuido de manera desigual. Esa forma de ser “permite una serie de prácticas que se ven normales, pero que atentan contra la democracia y el bien común, como las redes político-económicas”.
Ofrece de ejemplo la reelección del alcalde de Coatepeque, Quetzaltenango,[18] que en 2023 ganó su reelección con el 18.7 % de los votos. “Y sin embargo, tiene toda la capacidad de manipular”.
Los años noventa y la firma de la paz
La forma en que se financia a los Consejos de Desarrollo es por medio del IVA-Paz: una parte del Impuesto al Valor Agregado (IVA) se destina a proyectos de desarrollo de las comunidades. En 1992 quedó dispuesto cuánto debía designarse, según el artículo 10 de la Ley del IVA (Decreto 27-92),de esta manera:
1.5 % para las municipalidades
1 % para los programas y proyectos de infraestructura de los Consejos Departamentales de Desarrollo, cuyos funcionarios son los responsables de la administración de los recursos.
1 % para los Fondos para la Paz, mientras existan.
También hay asignaciones extraordinarias establecidas por el Congreso en la ampliación al Presupuesto General del Estado de cada año,[19] las cuales provienen de un monto específico y recursos no ejecutados en el año anterior.
Godoy, el secretario de la SCEP, hace un recuento de los últimos 31 años: “hemos invertido Q50 mil millones” en lo que considera el origen de los males del Siscode: los recursos.
Al término del gobierno de la Democracia Cristiana (1986-1991) la conversación sobre el desarrollo continuó. Las negociaciones de paz recogieron el tema de la descentralización en cuatro de sus 12 acuerdos. El cuaderno de desarrollo humano del PNUD describe su incidencia..[20]
“Para fortalecer la democracia funcional y participativa es necesario garantizar y promover la participación de la sociedad civil en la formulación, ejecución y evaluación de políticas del gobierno en los diferentes niveles administrativos”. Lo estipula el primero de todos, el Acuerdo Marco sobre Democratización para la Búsqueda de la Paz por Medios Políticos, también conocido como Acuerdo de Querétaro (1991).
El Acuerdo sobre identidad de los pueblos indígenas (1995) también plantea que puedan decidir sus prioridades en sus procesos de desarrollo en lo concerniente a educación, salud, cultura e infraestructura.
El Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil (1996) establece la base política y filosófica para crear los consejos, fortalecer la participación ciudadana y descentralizar el poder para construir una sociedad más democrática.
Y el Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria (1996), “establece un modelo de desarrollo participativo de la gestión pública, en el que todos los sectores de la sociedad civil deben involucrarse en la definición de políticas públicas para el logro de una mayor justicia social y desarrollo”.
El camino estaba dado para hablar de una Ley de Consejos de Desarrollo con el antecedente del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (SCDUR), los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y la conversación propiciada por los Acuerdos de Paz.
En los Acuerdos de Paz se menciona la importancia de terminar con la exclusión. “De ahí emana la necesidad de que haya representaciones locales para la definición del desarrollo y de ahí viene el conglomerado de leyes”, confirma la socióloga política Paredes Marín. Seis años más tarde se crean todas esas legislaciones derivadas de lo establecido en los Acuerdos de Paz.
Cardona y Alfonso Portillo[21] eran amigos y trabajaron juntos. Portillo conocía su experiencia en el tema de consejos de desarrollo. Esta conversación sucedió pocos días antes de que asumiera la Presidencia.
–Mire, el FRG planea que pasemos la Ley de Descentralización.
–No es una ley de descentralización (Rokael se refería al borrador elaborado por el FRG).
–¿Por qué?
–Porque no está incluida la municipalidad. Es una ley de desconcentración. O sea, los ministerios tendrían más presencia en los territorios.
Después de esa conversación, Cardona estaba dentro, desde el lado del gobierno de Portillo, para unirse a las discusiones técnicas que propiciarían la aprobación de la trilogía de leyes en 2002.
Se contó con el apoyo directo del representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Lars Franklin, y el de la Misión de Verificación de Naciones Unidas para Guatemala (Minugua), Jean Arnault.[22] Ambos vincularon directamente la creación del sistema de consejos con el cumplimiento de los Acuerdos de Paz y la Gobernabilidad Democrática.
El objetivo era sentar las bases de un nuevo modelo de Estado guatemalteco a través de la asesoría técnica para capacitar en temas de planificación y gestión financiera, y la difusión de las tres leyes y sus reglamentos.
Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (Decreto 11-2002). Crea y regula el funcionamiento del sistema. Define los niveles de organización (comunitario, municipal, departamental y regional).
Código Municipal (Decreto 12-2002). Define las responsabilidades de las autoridades municipales (el alcalde y el concejo) en el sistema. Asegura que la municipalidad participe activamente en la formulación de los cocode y que sus decisiones se integren en los planes de desarrollo.
Ley General de Descentralización (Decreto 14-2002). Complementa el Decreto 11-2002. Traslada competencias y recursos del Gobierno central a las municipalidades y otras instituciones del Estado.
Es en 2002 cuando el Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (SCDUR) pasa a llamarse Sistema de Consejos de Desarrollo (Siscode), como se le conoce ahora. En ese momento Portillo era el presidente y el Congreso de la República (donde se aprobaron las leyes) lo dirigía Efraín Ríos Montt.[23]
La creación de estas normas redujo la influencia de los consejos regionales, restableció el papel de los codede y fortaleció a los comude y codede, enumera Cardona.
Antes, el presidente decidía que se necesitaba construir 100 escuelas en el país, pero las comunidades (cocodes) identificaban que su prioridad era agua potable, no el establecimiento. A partir de 2002, la solicitud sube al comude (municipal) donde se prioriza con otros proyectos.
Esquema del Sistema de Consejos de Desarrollo. Fuente: Nora Flores, experta en municipalismo, Universidad Rafael Landívar.
Los cocode, la raíz que sostiene
La palabra cocode remite a la ruralidad. Como si fuera algo solo para vecinos de algún paraje, caserío y aldea. Tal vez sea, describe la socióloga política Paredes Marín, porque los gobiernos municipales mantienen mejores condiciones en las áreas centrales y no necesitan reunirse con las comunidades para discutir sus necesidades, como esa escuela, ese puesto de salud o la calle que urge en el campo.
Dicho de otra manera, las áreas urbanas usualmente tienen resueltos servicios de agua, salud, educación y calles. En las áreas rurales es poco frecuente.
Hace diez años, estima la socióloga política, las áreas urbanas con sus barrios y zonas descubrieron el poder de solicitar obras de beneficio para su entorno a través de un cocode, capacidad que no tiene una asociación de vecinos. Tampoco la tienen los Comites Únicos de Barrio (CUB)[24] de la capital, creados por el entonces alcalde Alvaro Arzú que entendió el poder que otorga el cocode a los vecinos y se adelantó a crear su propia estructura.
“Yo creo que la Ley de Consejos de Desarrollo es buena. Perfecta no, solo buena”. La descripción la ofrece Nora Flores, que desde hace 25 años trabaja en el fortalecimiento de gobiernos municipales y posee una maestría en Integración Centroamericana y Desarrollo. “Es buena porque viene desde el nivel comunitario y presenta las necesidades de las comunidades. Las aldeas, los caseríos, las fincas, los barrios, las colonias son reconocidas por los mismos comunitarios o habitantes para encontrar solución a esas problemáticas en el sistema. Bien llevada creo que la ley es buena”.
Para explicar cómo se conforman los cinco niveles del Sistema de Consejos de Desarrollo suele representarse con una pirámide maya. Flores prefiere la metáfora de un árbol.[25]
Los Consejos Comunitarios de Desarrollo (cocode) se parecen a la raíz profunda del árbol porque son la base. Ahí están los vecinos de la aldea o colonia. Sus integrantes se renuevan cada dos años (artículo 14).
El Consejo Municipal de Desarrollo (comude) son las raíces que se empiezan a ver a flor de tierra. También sostienen el árbol, pero no necesariamente absorben las necesidades.
El Consejo Departamental de Desarrollo (codede) es el tronco fuerte, donde están los recursos, el dinero.
El Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural (Coredur) son las ramas intermedias que dan sombra y a veces estorban. El país se divide en ocho regiones.
El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur) son las ramas de arriba que quieren tocar el cielo porque tienen todo el poder y todos los recursos. Lo preside el presidente o vicepresidente de Guatemala. En este caso, Bernardo Arévalo o Karin Herrera.
Guía rápida del Siscode: integrantes, funciones y frecuencia de reuniones
Nivel
Siscode
Integración Principal
Frecuencia de Reunión
Trabajo (Función Principal)
Artículos Clave
1
Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode)
Está conformada por todos los residentes (vecinos) de una misma comunidad.
No menos de 12 veces al año (mensual) o según acostumbren.
Priorizar, formular y gestionar las necesidades y soluciones de la comunidad para el desarrollo integral.
Preside el Alcalde. Incluye síndicos, concejales, hasta 20 representantes de cocodes y representantes de entidades públicas y civiles locales (como rganizaciones Indígenas, Mujeres, Sindicatos, Empresarios (Cacif) o Universidades a nivel regional.
No menos de 12 veces al año (mensual).
Promover y facilitar la organización y participación de las comunidades, y proponer planes de desarrollo al Concejo Municipal.
Arts. 11 (Integración), 16 c) (Reglamento, reuniones), 12 (Funciones)
3
Consejo Departamental de Desarrollo (Codede)
Preside el Gobernador. Incluye todos los Alcaldes del departamento, jefes de oficinas públicas departamentales y representantes de la sociedad civil departamental. (como organizaciones Indígenas, de Mujeres, Magisteriales, Cooperativas, Empresarios (Cacif), Organizaciones de Productores, rganizaciones campesinas y universidades)
No menos de 12 veces al año (mensual).
Promover el desarrollo del departamento, proponer planes y programas departamentales, y conocer el informe de ejecución presupuestaria.
Arts. 9 (Integración), 16 c) (Reglamento, reuniones), 10 (Funciones)
4
Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural (Coredur)
Preside el Coordinador Regional. Incluye Gobernadores de los departamentos de la región, un representante de las corporaciones municipales y representantes de la sociedad civil regional.
No menos de 6 veces al año.
Formular, proponer e impulsar políticas y planes de desarrollo regional, y dar seguimiento a la ejecución de políticas.
Arts. 7 (Integración), 16 b) (Reglamento reuniones), 8 (Funciones)
5
Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur)
Preside el Presidente de la República. Incluye Ministros de Estado, Secretarios Presidenciales, Coordinadores de Coredur y representantes de la sociedad civil nacional y pueblos indígenas.
No menos de 4 veces al año.
Formular políticas de desarrollo urbano y rural, ordenamiento territorial, y conocer los informes de ejecución de planes y proyectos nacionales.
Arts. 5 (Integración), 16 a) (Reglamento, euniones), 6 (Funciones)
Fuente: Elaboración propia con base en el Decreto 11-2002, Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Formato y síntesis asistida por IA Gemini (Google, versión de octubre de 2025).
Al 30 de noviembre de 2025 hay 12 mil 170 cocode registrados en la SCEP.[26] Para verlo a detalle –dónde se encuentran– se puede consultar el Directorio de Consejos de Desarrollo. Por cada municipio hay un comude (340), por cada departamento un codede (22), por cada región un coredur (ocho) y Conadur hay uno.
“Estoy segura de que si se manejara adecuadamente tendríamos otro país”, opina Flores. Y agrega: “hace falta que no haya intromisión política”. Se refiere a que los integrantes de los cocode sean vecinos que representen los beneficios de su propia gente y no personas designadas por el alcalde. Reconoce en varios dicha realidad, lo que impide su funcionamiento adecuado.
Los cocode son organizaciones que debieran estar en el Registro de Persona Jurídicas (Repeju) del Ministerio de Gobernación. Pero cuando el Congreso creó el Registro Nacional de Personas (Renap) en 2005, se hablaba de personas individuales, por lo que terminaron por inscribirse en las municipalidades. El problema está en que los alcaldes terminan por tener tienen la manija sobre la organización social. “Tenemos bastantes casos, ¡pero bastantes!, de gente que quiere organizarse y el alcalde no los inscribe”, conoce Godoy.
Flores sube en el árbol que imaginó para explicar la estructura y describe las falencias que identifica en cada nivel. “Los comude se reúnen solo en marzo para aprobar obras, cuando deberían articular a las instituciones en el municipio para supervisar y reportar si hacen un mal trabajo, o escuchar a la población”.
La Ley de Consejos de Desarrollo les ordena no menos de 12 reuniones al año a los codede, comude y cocode[27]. La misma norma ordena a los cocode identificar y priorizar las necesidades, problemas y soluciones de desarrollo de la comunidad y proponerlas al comude. “¿Qué obra es urgente? Una reflexión que no sucede porque (la pregunta) responde más a ´qué obra satisface los intereses del diputado regional´”.
Otra falencia está en la firma de actas. “Lo vi hace poco. Persiguieron a unas personas –que no saben leer y escribir– para colocar su huella digital con el acta ya impresa. Nadie escogió proyectos. No son todas (las municipalidades), pero en muchas comunas ocurre”. Sucede que no leen el acta a los vecinos. La norma fue diseñada para ser inclusiva y facilitar la participación, pero se da este tipo de hechos.
Flores insiste “no todas las municipalidades son así”. También existen buenas prácticas desde los inicios del Sistema de Consejos de Desarrollo (Siscode).
La socióloga Paredes Marín registró una de esas buenas prácticas. Su experiencia data, principalmente, de temas vinculados a consultas comunitarias alrededor de la minería extractiva, donde los consejos comunitarios fueron trascendentales. “De los cocode nació la defensa de los territorios, precisamente porque sabían que tenían la posibilidad de definir su desarrollo y su territorio”. En 2005 se generaron las primeras consultas de vecinos. “En mi experiencia, el uso de las figuras para un beneficio colectivo viene de esa época y probablemente hay (más) antecedentes de la participación”, comenta.
Las personas influyeron en su concejo municipal para promover un cabildo abierto[28] y ser escuchados.
En el contexto de un país salido del conflicto armado interno, donde limitaron la participación ciudadana sobre todo en áreas rurales, la transformación activa para involucrarse, no es fácil ni rápida. Para que el cocode y todas las figuras de participación funcionen, la población debe apropiarse de ellas.
“Recuerdo que la primera consulta de vecinos fue cuando acababa de ocurrir el desalojo violento en Teculután de la hidroeléctrica Pasabién.[29] No fue una consulta comunitaria regida por el Convenio 169,[30] sino de vecinos por medio del cocode”. El primer nivel del sistema levantó la voz entre organizaciones ecologistas y ambientalistas que funcionaban en esa época.
Desde el cocode “se dieron cuenta de que se podía recurrir a la figura de consulta de vecinos incluida en el Código Municipal. Fueron los encargados de hacer las consultas comunitarias y firmaron en acta los resultados de las mismas”, describe Paredes Marín.
Los integrantes del consejo comunitario de aquellos días se acercaron a las municipalidades a entregar las actas a los miembros del concejo. Algunas alcaldías no las aceptaron, pero la mayoría sí. “Las recibieron porque sabían que estos procesos estaban organizados desde las bases comunitarias y que, efectivamente, había una base de votantes a la cual no le podían fallar. Estos procesos fueron masivos, mucho más que un proceso electoral”.
Participaban todos: hombres, mujeres, hasta niños y ancianos que por lo regular no están presentes en un proceso nacional de elección. Era una dimensión distinta y fueron los cocode las entidades fuertes que abanderaron las luchas por las defensas de los territorios.
Esta forma de organización no es nueva en los departamentos, pero sí en el centro de Guatemala, en la ciudad capital. La administración del Partido de Avanzada Nacional (PAN) conducida por Arzú y sus sucesores[31], al frente de la municipalidad, no las reconoció en su momento. Esta organización política se convirtió en el Partido Unionista en 2002, el mismo año que se dio la trilogía de leyes de consejos de desarrollo.
El PAN no permitió, específicamente el alcalde de turno, Fritz García-Gallont,[32] “la generación de los cocode. Se optó por la figura alternativa, los Comités Únicos de Barrio, CUB”, enfatiza Paredes Marín.
–¿Cuál es la diferencia entre un CUB y un cocode?
–La diferencia es tan básica como la posibilidad de participar e incidir. Un CUB no lo puede hacer, un cocode sí. Ahí estuvo la movida del gobierno de Fritz García-Gallont para no permitir la entrada de los cocodes hasta que ahora se pelea de mayor forma esa participación.
La ley no reconoce a un CUB aun cuando proponga la necesidad de una obra en un barrio, colonia o zona. Si la iniciativa llega del cocode, sí; lo que diga debe tomarse en cuenta.
“Las zonas rurales y más pobres, las que menos condiciones de desarrollo han tenido de abastecimiento de agua, escuelas y caminos, se tienen que organizar mejor para garantizar sus medios de vida”, recuerda.
Pero los problemas llegan sin importar el estrato social, como las consecuencias de un mal ordenamiento territorial y de inversiones inadecuadas. Por ejemplo, cita Paredes Marín, “en zonas 15 y 16, se ha dado una construcción exagerada de edificios sin respeto de los planes de ordenamiento territorial. Por ello, hay más necesidad de organizarse para reclamar a la municipalidad el respeto de los POT, el resguardo de espacios públicos, de los pocos pulmones verdes”.
Esto explica por qué de diez años a la fecha cobró más fuerza la organización de los cocode.
La mala gestión municipal en algún momento alcanza a los sectores más pudientes del país porque afecta sus formas de vida. Es en ese momento que se enteran del poder que tienen los consejos comunitarios y se reúnen, por ejemplo, para detener la deforestación de sus residenciales o colonias.[33]
Pero como advirtió Flores: los cocodes, en ocasiones, son cooptados por autoridades municipales. Los alcaldes deciden sobre las obras, no toman en cuenta las necesidades de los vecinos e imponen sus propios criterios de desarrollo. La comuna capitalina también recurre a esta mala práctica.
La cooptación del sistema
Los CUB son modelos más verticales, donde la municipalidad solo comunica a los vecinos. Los cocode, la raíz del árbol que Flores propone para explicar los niveles del Siscode, nutren al tronco e informan de los apuros de los vecinos.
Era inevitable evitar que los capitalinos se enteraran de las bondades del sistema, de ahí que la alcaldía designa sus propios cocode.[34] Cooptación, nada nuevo bajo el sol para Paredes Marín. La norma, afirma, es que los cocode se organicen no de acuerdo a sus propios intereses, sino a los de los jefes ediles.
En 2024 publicó una investigación acerca de desplazamiento forzado en zonas urbanas, sobre procesos de relocalización de personas y construcción de espacios habitacionales precarios por el mal acompañamiento institucional que hay.
De ahí toma un ejemplo para explicar la cooptación. Lo documentó en la comunidad La Paz en Villa Nueva[35], a 17 kilómetros de la ciudad de Guatemala. Participó en la producción de un documental que da cuenta de cómo se generaron comités y los vecinos se apropiaron de la figura del cocode para arreglar sus condiciones de legalización de la tierra y problemas severos de abastecimiento de agua, entre otros. La municipalidad notó que las personas adquirieron una capacidad organizativa fuerte que demandaba solventar sus necesidades.
El alcalde de turno lo entendió y cooptó al cocode. Era el primer período de Salvador Gándara[36] del partido Unionista. La misma agrupación política de la ciudad de Guatemala que lleva 21 años en el poder con ese nombre y 14 más como el PAN.
El cocode de La Paz, Villa Nueva, dejó de funcionar para las demandas comunitarias y se alineó a la comuna.
–¿Cómo lo cooptó?
–Le dio trabajo al presidente del cocode en la municipalidad.[37]
Todas las demandas comunitarias se vinieron al suelo y el cocode se vino abajo. Dejó de funcionar hasta que las mujeres de la comunidad se cansaron de la situación porque no habían logrado construir lo que necesitaban: sistemas pluviales, alcantarillados y pavimentación. Se organizaron para constituir otro cocode y reemplazar al que no les funcionaba.
La cultura de cooptar liderazgos es histórica, repite Paredes Marín en la conversación. “Es una estrategia de viejos zorros, si la queremos llamar así, para desarticular las reivindicaciones comunitarias”.
Flores coincide. “Si no la tuviéramos –la cooptación a nivel comunitario– se haría un diagnóstico de la comunidad, se priorizarían las necesidades y se buscaría el financiamiento para obras”. En su metáfora del árbol hay más que raíces atrofiadas. El daño alcanzó también al tronco donde están los recursos, el dinero.
El codede, ¿cuál es el problema?
El exministro de Finanzas, Juan Alberto Fuentes Knight[38] ve dos tipos de problemas en el funcionamiento del Siscode. Uno es de carácter fiscal y está relacionado con el gasto que se refleja en la incapacidad de ejecutarlo. “Ese para mí ya es un síntoma serio de problemas que pone de manifiesto una incapacidad de hacer, de formular proyectos adecuados y bien evaluados”.
Alude a la falta de capacidad técnica, en el tronco del árbol descrito por Flores, de los Consejos Departamentales de Desarrollo que dirigen el gobernador o gobernadora departamental (quien lo preside), los alcaldes del departamento, representantes de instituciones públicas desconcentradas y descentralizadas, y representantes de la sociedad civil y empresarial.
El segundo problema, según Fuentes Knight, está asociado a la corrupción. El exministro se disculpa porque al momento de consultarlo no tiene evidencia actual, pero antes la tuvo. “Conocí de casos o de sospechas de relaciones entre representantes en los codede y negocios de distintos grupos. Me refiero a espacios donde se facilitaban negocios de familiares y de amigos”. Evita citar casos concretos que conoció en su gestión como ministro.
De esto hablaba al principio de este texto Godoy, el secretario de la SCEP.
Ricardo Barrientos es más explícito[39]. Cita la denuncia que el alcalde de La Unión, Zacapa, Gustavo Galván, hizo contra el diputado distrital por Zacapa, Julio César Portillo Paz, del partido Cabal. Portillo Paz “pide –al alcalde– una coima del 20 % sobre el valor de los contratos financiados con los aportes extraordinarios que el Congreso aprobó para apoyar la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, y el 10 % por acceder a otros fondos del codede”. Barrientos es director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
El 10 % en coimas que el alcalde llama “comisión”.
Arturo Echeverría, gobernador Departamental de Zacapa y presidente del codede – y con ello quizá el principal responsable legal de su presupuesto–, nunca se pronunció sobre este caso.
Como lo ve Fuentes Knight, este fenómeno es difícil de detener porque los miembros de los codede no explican ni justifican sus acciones ni sus decisiones ante la ciudadanía, un principio fundamental de la democracia y la buena gobernanza. La Ley de Consejos de Desarrollo no lo ordena, lo insinúa en algunos de sus artículos; el 2 literal c), “la optimización de la eficacia y eficiencia en todos los niveles de la administración pública”. O el Artículo 13 literal f) “fiscalizar la ejecución de los proyectos en su comunidad y la calidad de los mismos, e informar a la Asamblea Comunitaria”.
El exministro de Finanzas insiste: “para poder avanzar con un mejor manejo de los recursos debería haber una mejor rendición de cuentas”.
Considera que la integración de los consejos en su mayoría se hace con personas que no han pasado por un proceso de elección. Entonces no están sujetas a ser rechazadas si no cumplen con su trabajo. Se refiere a quienes nombran para dirigir las gobernaciones, como Echeverría en Zacapa.
Aunque la última designación, en 2024, tuvo características más transparentes ya que se hizo público el proceso de reclutamiento, según las competencias de los cientos de aspirantes a los 22 cargos, uno por departamento. Hay otro tipo de fallas, “puede ser con el sistema de justicia”, dice el exministro de Finanzas.
El problema es más complejo que exigir ejercicios de cuentadancia y transparencia.
“Creo que hay un problema estructural de los codedes: no son el mecanismo adecuado para ejecutar recursos. Deberían ser, en último caso, de consulta, no de ejecución”. El escaneo rápido al sistema es de Karin Slowing,[40]presidenta de la Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal (Infom). Agrega: “La Ley (de Consejos de Desarrollo) es de participación ciudadana, no articula el sistema de la administración pública”.
–¿Cuál es el problema?
–A mi criterio, en algún momento le metieron un componente de presupuesto a un nivel del sistema que es el Codede como un mecanismo paralelo de asignación de fondos. Eso crea una distorsión en el sistema ejecutivo.[41]
Los momentos precisos que no recordó Slowing ya los mencionó el secretario de la SCEP: cuando el entonces presidente De León Carpio asignó los Q20 millones para atraer la participación ciudadana, y en 2002 al acordar que el Consejo de Desarrollo debiera conocer los montos de preinversión e inversión.
Y comenzó el clientelismo. Lo que Godoy llamó “el diseño del origen de los males del Siscode”.
De vuelta al tema con Slowing, se pregunta y se responde ¿por qué razón?”: “porque al sistema estructural no le crearon el nivel de gobierno departamental. No se desarrolló. Aunque está insinuado y está planteado de alguna manera en la Ley del Ejecutivo”. Según el acuerdo gubernativo 186-2006, la SCEP es la responsable de la descentralización del Gobierno Departamental, añadió.
El codede no tiene capacidades ejecutoras. “Es simplemente un órgano de intermediación de plata hacia las municipalidades. Es un órgano de participación para la toma de decisiones de desarrollo”. En otras palabras, hay dos sistemas que se cruzan, pero no están interconectados: el dinero y los proyectos.“(El codede) es un mecanismo de intermediación de fondos”. A través de este llega la plata a las municipalidades. Eso crea distorsiones.
La figura de Gobernador Departamental
El modelo de gobierno departamental o de gobernación en Guatemala es decimonónico. En el siglo XIX la figura del gobernador era la de un individuo no electo que representaba a una persona electa, que era el presidente de la República, y fue después alojado dentro de un ministerio, el de Gobernación.
La Ley del Organismo Ejecutivo (1997) establece que cada ministerio lidera y coordina todas las acciones y entidades dentro de su sector. Entonces, un gobernador tiene limitaciones para ejercer autoridad, pues un gobernador tiene limitaciones para ejercer.
–¿Por qué, Karin?
–Porque no es un ente supra (superior e independiente) sino que está inserto dentro de un ministerio.
Lo que sugiere es una autoridad designada al mismo nivel que un ministro. Por ahora, cada ministro rige su sector y la figura de gobernador tiene limitaciones para ejercer autoridad. Mientras no se ordene esa dimensión y se genere la estructura departamental, será limitado lo que se pueda hacer. E insiste que es su opinión personal: “las Gobernaciones (Departamentales) deberían salir del Ministerio de Gobernación y ser una entidad supra a todos los ministerios que represente al Presidente”.
Entre las cualidades que espera de un gobernador o gobernadora,[42] está que sea alguien que domine el arte de poner de acuerdo a todas las instancias para que hagan lo que les corresponde hacer. Poder articular, pero desde un poder real.
El clima político de la última década y a la fecha no ha sido muy conducente a las discusiones sustantivas del desarrollo y del Estado, sino lo contrario, dice Slowing. “Esto requiere de un clima para discutir estos aspectos torales del diseño del Estado y su funcionamiento. Requiere de un clima político constructivo que no tenemos”.
–¿Cuándo es el momento?
–Nunca habrá las condiciones perfectas para discusiones constructivas de este tipo porque requieren una correlación de fuerzas entre los distintos actores más equiparadas. Ese balance no lo hemos logrado. Lo que pasa es que ahora vemos que no estamos en el pico de la crisis política, pero la crisis persiste.
Con lo que hay, con lo que está en las leyes y lo que se opera en este momento, el exministro de Finanzas encontró una salida: fortalecer el trabajo de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de Guatemala (Segeplan). En este momento juega un papel importante más que en el pasado, comenta. Se convirtió en una especie de red que evita que pasen los proyectos que generan corrupción o que simplemente están mal hechos. Por eso debe contar con más personal técnico entre ingenieros, economistas, y especialistas en áreas con poder de veto a proyectos mal planteados.
Sugiere reforzar dos áreas: evaluación de proyectos y capacidad de asesorar en materia de formulación de esos proyectos. “A las municipalidades más que a los codedes, porque para mí es un mecanismo caduco que tiene que ser sustituido por otro y eso, como sabemos, requiere hasta un cambio constitucional”.
El Infom hace su parte para transformar competencias en las alcaldías. “Encontramos debilidades sustantivas en materia de las Direcciones Municipales de Planificación en la articulación de planificación y presupuesto. Hay municipalidades sin carteras de proyectos. En este momento hay mucha plata por el sistema de consejos, pero la capacidad de tener proyectos preparados que reúnan los estándares no existe o es muy limitada”, comparte Slowing.
Para recordar los montos de codedes en 2025: Q4 mil 299 millones 166 mil salieron de la asignación ordinaria (fuente 21). Y la asignación extraordinaria es de Q7 mil 947 millones 557 mil 728.74. Da un total de Q12 mil 246 millones 723 mil 728.74 (US$1 mil 600 millones 878 mil 918.78).[43]
El Infom en este momento se enfoca en las alcaldías, no tanto en la participación ciudadana, aunque los proyectos tienen que venir de las necesidades de las comunidades.
El instituto tiene un rol activo en fortalecer las capacidades de las municipalidades para que estas gestionen con transparencia y puedan implementar acciones relacionadas con el desarrollo y la participación ciudadana. “En ese marco sí, pero estamos muy centrados en crear capacidades para tener bancos de proyectos y desarrollar habilidades duras”, añade Slowing.
Paredes Marín, la socióloga política, reflexiona sobre el momento que se vive. “El avance de la cultura ciudadana llegó a una fase de maduración. Afortunadamente son otras generaciones más jóvenes que no vivieron las dictaduras ni las represalias por la organización y que deciden participar”. Es un avance de la propia democracia, la definición de la posibilidad de participar con todo y sus limitaciones.
Godoy, el secretario de la SCEP, añade una propuesta: que los tanques de pensamiento trabajen un nuevo diseño del tema IVA-Paz para el sistema de consejos. Porque en el diseño actual no hay controles y por lo tanto propicia clientelismo.
Cierra la conversación con números. “Lo normal, lo manejable de IVA-Paz de 2025 son Q5 mil 12 millones para 2 mil 689 proyectos. Ahora que ha habido abundancia de ingresos (con fondos extraordinarios, ampliación IVA-Paz y otros) Q12 mil 246 millones 723 mil para 5 mil 988 proyectos al 30 de noviembre de 2025.
“Esto será como los dragados del canal de Chiquimulilla. ¿Cómo hace usted para constatar qué se hicieron?”
Este ensayo periodístico de investigación se desarrolló en el segundo semestre de 2025, con el apoyo del Accountability Research Center, American University, Washington DC, USA.
Notas
[1] Punto resolutivo 4-2019 del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur), Capítulo III artículo 7, se refiere a los programas y proyectos que se pueden financiar con fondos del codede.
[2] Codede, Comude y Cocode son acrónimos que se lexicalizaron, es decir, pasaron a formar parte del léxico del guatemalteco para convertirse en una unidad. Por esta razón, cuando se refiere a ellas como objetos se escriben con minúscula. Fundeu.es
[3] Político, diplomático, sociólogo y escritor guatemalteco. Fue diputado en el Congreso de Guatemala (2020 – 2024) por el partido político Movimiento Semilla. Participó en varias iniciativas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
[4] Gálvez Borel, V. (2001) Cultura Política, Gobierno Local y Desentralización. Guatemala (pp. 80 y 101).
[5] Las PAC eran grupos de civiles armados, organizados y controlados por el ejército de Guatemala durante el conflicto armado interno. La participación en las PAC no fue voluntaria.
[7]Fue un golpe militar liderado por el general Efraín Ríos Montt. Lucas García fue enviado al extranjero en 1982. En 1999 se presentaron cargos de genocidio en su contra (Britannica).
[8] Guatemala 1983-1997, ¿Hacia dónde va la transición? Jeremy Armon, Rachel Sieder, Richard Wilson, Gustavo Palma Murga, Tania Palencia. FLACSO, 1997, 126 p.
[9] Linares, L. y González, M. (2023) ¿Cómo mejorar el funcionamiento de los Cocode? (p. 11).
[10] Ramos Muñoz, B. y Sosa Vásquez, M. (2010) Consejos de Desarrollo y Participación Ciudadana en Guatemala 1985-2009 (p. 9)
[11] En 1993 Jorge Serrano Elías orquestó un autogolpe de Estado que generó una crisis. A raíz de ello dejó la presidencia y se exilió en Panamá / Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB).
[12] En las elecciones celebradas el 12 de noviembre de 1995, el Frente Democrático Nueva Guatemala (FDNG) obtuvo una alcaldía –Fabio de Jesús Ríos Villatoro asumió un primer periodo con la Unión de Centro Nacional (1990-1993) y el segundo, 1996-2000, con el Frente–, siete diputaciones al Congreso y cuatro al Parlamento Centroamericano.
[13] Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (p. 225)
[14] Ramos Muñoz, B. y Sosa Vásquez, M. (2010) Consejos de Desarrollo y Participación Ciudadana en Guatemala 1985 – 2009 (p. 9)
[15]El Ministerio de Desarrollo Urbano y Rural fue creado el 10 de enero de 1986, días antes de que asumiera el gobierno de Vinicio Cerezo. El Decreto-Ley 25-86 fue suscrito por el general Óscar Humberto Mejía Víctores, entonces jefe de Estado.
[16]Entre 1995-1997, los Consejos de Desarrollo quedaron bajo la responsabilidad del secretario general del Consejo Nacional de Planificación Económica, según establece el Decreto 13-95.
[17]Artículo 11, inciso c de la Ley del Organismo Ejecutivo (Decreto 114-97), emitido en noviembre de 1997.
[18]El alcalde es Alfonso García-Junco Hemmerling, lleva tres períodos consecutivos, los primeros dos con el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y el actual con Visión con Valores (Viva). Fuente: Resultados Electorales Preliminares 2023, TREP.gt
[19]Artículo 5, Decreto 1-2025, Ampliación al Presupuesto General de ingresos y egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticinco, 11 de febrero de 2025.
[20]Ramos Muñoz, B. y Sosa Vásquez, M. (2010) Consejos de Desarrollo y Participación Ciudadana en Guatemala 1985-2009 (p. 9).
[21] Presidente de Guatemala en el período 2000-2004, llegó con el partido Frente Republicano Guatemalteco (FRG).
[22] Diplomático francés que moderó el proceso de paz en Guatemala (1992-1996) antes de ser nombrado director de la Misión de Naciones Unidas en Guatemala (Minugua) (1997-2000).
[23] Efraín Ríos Montt fue jefe de Estado 1982-1983. En 1990 fundó el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) con el que se postula como candidato presidencial en 2003 y presidió el Congreso de la República cuando su partido gana la presidencia con Alfonso Portillo. El militar fue condenado por genocidio y crímenes de lesa humanidad en 2013. Diez días después se anuló la sentencia por errores de procedimiento. Falleció en abril de 2018.
[24] “Solo ciudad de Guatemala tiene CUB, el resto del país cocode”, Ojoconmipisto, 18 de diciembre de 2024.
[25] Nora Flores, Aprende sobre cocodes”, charla impartida en la Guía para vecinos de Ojoconmipisto, 16 de julio de 2025, 17 min 35 s.
[26]Consultar en el portal de la SCEP el apartado “Cocode Vigente”. Este describe la cantidad de organizaciones por región.
[27] Reglamento de la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (Acuerdo Gubernativo Número 461-2002).
[29] Deutsche Welle (DW) de Alemania, Desalojo en hidroeléctrica deja 3 muertos en Guatemala, 30 de julio de 2025.
[30] Tratado de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptado en 1989, que protege los derechos de los pueblos indígenas y tribales, ratificado por Guatemala.
[31] Los alcaldes por el PAN desde 1985 que de manera intermitente han estado en la municipalidad, además de Alvaro Arzú, son: Álvaro Heredia Silva, Óscar Berger Perdomo, Manuel Castillo Arroyo, Fritz García-Gallont, Enrique Godoy García-Granados y Ricardo Quiñónez Lemus. Fuente: Inventario de Alcaldes de Ojoconmipisto.
[32] Alcalde de la ciudad de Guatemala entre 2000 y 2003 con el Partido de Avanzada Nacional (PAN).
[33]Chat de Vecinos organizado por Ojoconmipisto acerca de la deforestación urbana, el 29 de agosto de 2024.
[34] “Eligen representantes de ciudad de Guatemala ante Consejo Municipal de Desarrollo”, publicación de Ojoconmipisto.
[35] Documental «Habitamos donde nadie quería vivir» del Instituto de Investigación en Ciencias Socio Humanistas, del Departamento de Estudios Sobre Dinámicas Globales y Territoriales, Universidad Rafael Landívar.
[36] Alcalde de Villa Nueva en tres períodos no consecutivos: 2000-2004 (PAN), 2004-2008 (Unionista), y 2009-2012 (Unionista).
[37] Esta experiencia recuerda lo ocurrido en Chiquimulilla, Santa Rosa: El presidente del cocode era empleado municipal, nota publicada en Ojoconmipisto el 1 de octubre de 2025
[38] Economista, ministro de Finanzas en el gobierno de Álvaro Colom, entre 2008 y 2010. Ha ocupado distintos puestos dentro del Sistema de Naciones Unidas como coordinador del Indíce de Desarrollo Humano y presidente de la junta de Oxfam International.
[40] Es actual presidenta de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Fomento Municipal. Fue secretaria de Segeplan durante la administración del presidente Álvaro Colom, de 2008-2012. Fue asesora de Política Social de los Informes Nacionales de Desarrollo Humano de Guatemala entre 2000 y 2005.
[41] Se le pregunta e insiste en que ofrecerá respuestas a título personal, no como la directora del Infom sino de manera técnica.
[43] Control de Desembolsos y Transferencias a los Codede, (Codet). El tipo de cambio que se utilizó para esta investigación fue el oficial según el Banco de Guatemala, US$1 / Q7.65.
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NOTA 16/Metodología
Metodología
La investigación hizo uso de la inteligencia artificial para analizar miles de proyectos, la decisión de qué historias contar la tomaron los periodistas.
PorOjoconmipisto
19 de noviembre, 2026·Lectura de 4 min·MetodologíaCopiar enlace
Imagen del código del cruce. Normalización de los nombres y el conteo de oferente único. Crédito: Sociedad.Info
Esta investigación analizó, con apoyo de inteligencia artificial, 6,637 proyectos que tenían al menos un concurso en Guatecompras, sin importar su estado (vigente, en evaluación, adjudicado, no adjudicado, desierto, prescindido o suspendido). Son el 99.7 % de los 6,657 proyectos con monto acreditado al 1 de noviembre de 2026 en el programa de los Consejos Departamentales de Desarrollo (codede). Los 20 restantes ya fueron aprobados, pero no tienen concurso en Guatecompras.
El análisis de los datos se complementó con el trabajo de periodistas, quienes revisaron los resultados e identificaron las historias que permiten entender cómo funciona el modelo, cuáles son sus falencias y qué papel desempeñan las autoridades en el proceso.
Primera fase
El 2 de agosto de 2026 se descargó del Tablero de desembolsos de los Consejos Departamentales de Desarrollo del Ministerio de Finanzas el listado de proyectos vigentes para 2026 (departamento, municipio, SNIP, nombre del proyecto y presupuesto).
Se tomaron de la tabla del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) los proyectos con un monto acreditado. Como esta tabla no incluye el Número de Operación de Guatecompras (NOG), cada proyecto se vinculó con su concurso mediante la comparación del nombre del proyecto con los títulos del concurso, de la adjudicación y del contrato en los datos abiertos de Guatecompras, publicados en el Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas (OCDS).
Antes de comparar, los nombres se normalizaron (mayúsculas, sin tildes, sin signos de puntuación y sin espacios dobles). Como control, se comprobó que el municipio del proyecto apareciera en el nombre de la entidad que contrató. Para los proyectos sin coincidencia exacta se buscó además el número de concurso en los contratos que publica el portal Transparencia Codede y se hizo una búsqueda aproximada. Solo se sumaron al cruce los candidatos de la misma municipalidad que fueron aceptados mediante una regla de comparación de título (erratas, acentos o palabras que no cambian la obra) o porque el número de concurso figuraba en un documento del propio proyecto (como un informe de supervisión). Los casos dudosos se revisaron manualmente.
Este proceso se repitió con la tabla descargada el 1 de noviembre de 2026 del tablero de desembolsos.
En la primera lectura se identificaron 4,071 proyectos con monto acreditado (SNIP único), en la segunda 6,657. El monto contratado pasó de Q6,792,876,155 a Q12,193,127,593. El número de proveedores también aumentó, de 588 a 756, y el porcentaje de contratos con una sola oferta llegó a 97.5 %.
Comparación de cortes: agosto y noviembre de 2026
Métrica
Agosto
Noviembre
Proyectos con monto acreditado
4,071
6,657
Concursos
3,608
7,186
Contratos
2,781
5,284
Monto contratado
Q6,792,876,155
Q12,197,127,588
Proveedores (NIT)
588
756
Contratos con una sola oferta
96.9 %
97.5 %
Proveedores persona individual (RGAE)
79.4 %
78.8 %
Contratos entre Q850,000 y Q899,999.99
274
523
Contratos entre Q900,000.01 y Q950,000
7
17
Proveedores en cinco departamentos o más
15
42
La clasificación de los proveedores como personas individuales o jurídicas proviene del Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE), consultado a través de los datos de Sociedad.Info.
La clasificación Mipyme de los proveedores que son personas individuales proviene de su ficha pública en Guatecompras, con la fecha de clasificación que ahí figura.
El sector y el tipo de obra de cada proyecto provienen del portal Transparencia CODEDE de la Comisión Nacional contra la Corrupción (consultado el 12 de noviembre de 2026), que utiliza datos del SNIP.
Los patrones descritos sirvieron de indicios para la investigación periodística, no constituyen pruebas de irregularidad.
Segunda fase
Los resultados de la primera consulta (agosto de 2026) permitieron identificar diez historias para desarrollar, aunque otras quedaron para una siguiente etapa. El reporteo se realizó durante septiembre y la edición en octubre.
Se presentaron solicitudes de información pública al Ministerio de Finanzas, la Secretaría General de Planificación y a la Contraloría General de Cuentas. También se realizaron visitas de campo y entrevistas a municipalidades e instituciones públicas.
Con los resultados de la segunda descarga se actualizaron los datos de cada reportaje y se redactó el análisis final.
Descarga las bases de datos utilizadas en este especial:
Redacción: Mirna Alvarado, Lorena Álvarez, Mauricio Álvarez Girón, Elsa Coronado, Daniel De León, Rodrigo Estrada, Sofía Menchú, Ricardo Quinto, Shirlie Rodríguez, Ángel Sas y Mirja Valdés
Análisis de datos: Eduard Martín-Borregón (Sociedad.Info / Abrimos.info)
Desarrollo web y diseño gráfico: Javier Castillo, de Royale Studios
Mapa: Dennys Mejía
Fotografía: Alex Cruz, Henry Josué González, Sandra Sebastián
Podcast: Beatriz Colmenares
Edición de podcast: Jorge Toj
Estratega Digital: Alejandra Arreola
Edición: Ana Carolina Alpírez y Beatriz Colmenares
Nota editorial: El análisis de datos estuvo a cargo de Sociedad.Info, una plataforma de Abrimos.info que reúne datos oficiales de contratación pública de 54 países. En el caso de Guatemala, Sociedad.Info obtiene la información de los datos abiertos de Guatecompras, que actualiza a diario.
El ensayo periodístico de investigación se hizo con el apoyo de Accountability Research Center, American University, Washington DC, USA. Su contenido es ajeno al Consejo Nacional Empresarial.